La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que impulsará una acción judicial contra YPF S.A. para que la Justicia determine, mediante estudios científicos independientes, si la empresa cumplió con la obligación constitucional de recomponer los pasivos ambientales existentes dentro del ejido urbano.
La decisión fue comunicada a través de una carta abierta dirigida a la petrolera, en la que el Ejecutivo municipal sostiene que, tras más de un siglo de actividad hidrocarburífera, permanecen pozos abandonados, instalaciones en desuso, ductos, piletas, suelos afectados y otras restricciones sobre el territorio que requieren una recomposición ambiental integral.
Según el Municipio, la existencia de estos pasivos está respaldada por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación elaborados durante los últimos años. En ese sentido, afirma que la propia documentación de YPF demuestra que varios sitios continúan bajo monitoreo, evaluación o saneamiento.
La presentación judicial buscará que sea el Poder Judicial el que establezca, a partir de pruebas técnicas independientes, si las obligaciones ambientales fueron efectivamente cumplidas en los sectores afectados.
Además, la Municipalidad informó que pondrá los antecedentes del caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), al considerar que se trata de una controversia de relevancia para una empresa que cotiza en el mercado de capitales y que asumió compromisos públicos en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo.
En la carta, el Ejecutivo local también sostiene que el acuerdo firmado entre YPF y la Provincia del Chubut no resuelve la situación de los pasivos ambientales dentro del ejido urbano, al entender que no puede extinguir obligaciones constitucionales vinculadas a la recomposición del daño ambiental ni afectar derechos colectivos cuya tutela también corresponde al Municipio.
Pese al anuncio de las acciones judiciales, la Municipalidad aclaró que la decisión no busca confrontar con la empresa ni obstaculizar el desarrollo energético, sino garantizar la protección del ambiente, la salud pública y el desarrollo urbano de la ciudad.
Finalmente, el Gobierno municipal dejó abierta la posibilidad de avanzar en una instancia de diálogo institucional con YPF para abordar la recomposición ambiental, aunque ratificó que impulsará todas las medidas administrativas y judiciales que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
