Desde la gestión municipal se ha implementado una serie de auditorías a los servicios concesionados, con el propósito de aumentar la transparencia en la estructura de costos y otros aspectos relacionados con los procesos económicos y financieros. Actualmente, se está llevando a cabo una auditoría a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), gracias al trabajo conjunto de diversas áreas del municipio.
El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, explicó que estas acciones son parte de la resolución del mandatario local para realizar “una auditoría de método y proceso económico-financiero sobre los servicios concesionados desde 2021 hasta enero de 2024”. Bohe destacó que se está finalizando el programa de auditoría, que ha incluido numerosas gestiones relacionadas con lo económico, la prestación de servicios y la estructura de costos.
“El objetivo de la auditoría es transparentar y acceder a la estructura de costos de los servicios concesionados. Contamos con la colaboración del Ente de Control de Servicios Públicos, pero es necesario mejorar los controles y el enfoque sobre los servicios que ofrece la SCPL, para evaluar la calidad y la formación del costo”, afirmó. Además, mencionó que se ha incorporado la perspectiva de diferentes áreas municipales, como Defensa al Consumidor e Infraestructura, para analizar las implicancias jurídicas y económicas de la relación entre los vecinos de Comodoro y la concesionaria del servicio eléctrico.
Bohe también anunció que ya se ha definido un programa integral que se implementará pronto, incluyendo un informe parcial a corto plazo que permitirá tomar decisiones informadas basadas en la auditoría. Se espera que antes de fin de año esté disponible un informe más detallado.
Finalmente, el funcionario subrayó la importancia de facilitar la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), especialmente para adultos mayores y personas sin acceso a internet. “Es crucial que puedan acceder a este subsidio, dado el feroz aumento de los servicios, que ha superado el 500% en energía y el 450% en gas. Esto evidencia la falta de criterio y conocimiento del gobierno nacional, que ha generado un proceso desordenado, injusto e injustificado”, concluyó Bohe.
