Luego de una extensa negociación con bloques aliados y legisladores dialoguistas, el Gobierno nacional consiguió la aprobación de la Ley de Propiedad Privada en el Senado. Sin embargo, para reunir los votos necesarios debió retirar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto: las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales y los cambios previstos en la Ley de Manejo del Fuego.
La iniciativa fue aprobada con 37 votos a favor y 33 en contra, tras una sesión marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
El primer cambio llegó incluso antes del debate en el recinto, cuando el Ejecutivo decidió eliminar el capítulo vinculado a la extranjerización de tierras frente al rechazo manifestado por gobernadores y senadores aliados.
Ya durante la sesión, y ante las dificultades para alcanzar la mayoría, el oficialismo también optó por retirar el apartado que proponía modificar la Ley de Manejo del Fuego.
El proyecto recibió el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve legisladores de la UCR, tres del PRO y representantes de bloques provinciales. Entre ellos estuvo la senadora chubutense Edith Terenzi, quien acompañó la votación general, aunque se abstuvo en el capítulo referido a los desalojos, que finalmente obtuvo 36 votos positivos.
En contrapartida, la iniciativa fue rechazada por el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros legisladores provinciales.
El capítulo que quedó fuera del proyecto
Uno de los puntos descartados fue la reforma a la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno pretendía flexibilizar las restricciones que actualmente impiden modificar el destino de tierras afectadas por incendios.
La normativa vigente, sancionada en 2020, establece que los bosques nativos y humedales incendiados no pueden cambiar su uso durante 60 años, mientras que en las áreas agropecuarias el plazo es de 30 años.
El oficialismo sostenía que esas limitaciones perjudican a los propietarios, aunque varios senadores que habitualmente acompañan al Gobierno rechazaron introducir cambios en ese régimen, lo que terminó obligando a retirar el capítulo.
Qué cambia con los desalojos
El eje principal de la ley aprobada apunta a agilizar los procesos judiciales por ocupaciones ilegales de inmuebles.
La iniciativa establece que los desalojos tramiten mediante un procedimiento sumarísimo, en reemplazo del proceso ordinario, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales y permitir que los propietarios recuperen sus bienes con mayor rapidez.
Desde el oficialismo defendieron la medida al considerar que fortalece el derecho a la propiedad privada consagrado por la Constitución Nacional.
En cambio, desde la oposición cuestionaron duramente el proyecto. El senador José Mayans calificó la iniciativa como «un asco» y sostuvo que algunos cambios vinculados a la Ley de Expropiaciones son inconstitucionales. También hubo críticas por la forma en que se desarrolló el debate parlamentario, ya que varios legisladores señalaron que recibieron el dictamen definitivo poco antes del inicio de la sesión.
Una aprobación con concesiones
El tratamiento estuvo atravesado por fuertes intercambios entre oficialismo y oposición sobre el alcance de la reforma y el derecho a la propiedad privada.
Finalmente, el Gobierno logró avanzar con uno de sus proyectos prioritarios, aunque debió resignar dos de los ejes centrales de la propuesta original para alcanzar el consenso necesario en el Senado.
