El Gobierno nacional oficializó la Ley 27.793, que extiende la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, aunque aclaró que su aplicación quedará en suspenso hasta que el Congreso determine cómo se financiarán los gastos que implica.
La promulgación se realizó mediante el Decreto 681/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, luego de que el Parlamento rechazara el veto presidencial y ratificara la norma original.
Debate por el financiamiento
Según las estimaciones del Ejecutivo, la creación de la nueva pensión demandaría en 2025 un desembolso superior a tres billones de pesos, equivalente al 0,35 % del PBI. Para 2026, el impacto fiscal treparía al 0,47 %. El Programa Incluir Salud absorbería cerca de $1,2 billones y la compensación a los prestadores rondaría los $280 mil millones.
La Casa Rosada advirtió que el texto aprobado por el Congreso no especifica fuentes concretas de financiamiento, y recordó que la Ley de Administración Financiera obliga a respaldar cualquier incremento del gasto con recursos determinados. El decreto enfatiza que la simple reasignación de partidas por parte de la Jefatura de Gabinete «no constituye una fuente suficiente».
Cruce político con el Congreso
La promulgación llega tras un intenso enfrentamiento institucional. El presidente Javier Milei había vetado la norma, argumentando que ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema de atención a personas con discapacidad. Sin embargo, tanto Diputados como Senadores rechazaron el veto y, en virtud del artículo 83 de la Constitución, forzaron al Ejecutivo a promulgar la ley.
El texto oficial advierte incluso que, aun utilizando todos los fondos disponibles de los tres poderes del Estado, los recursos no alcanzarían. Para el Gobierno, solo una ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso haría posible su ejecución.
Refuerzo transitorio
Mientras espera la definición parlamentaria, el Ejecutivo dispuso un refuerzo parcial de fondos. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se incrementó el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir del 1° de octubre, con recursos provenientes de la partida «Obligaciones a Cargo del Tesoro». El objetivo es sostener la atención básica y responder a los reclamos de los prestadores del sistema.
De este modo, el Poder Ejecutivo comunicó la promulgación al Congreso pero dejó en claro que la entrada en vigencia efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad dependerá de que los legisladores asignen las partidas necesarias en el presupuesto nacional.
