El Gobierno Nacional avanzó en la resolución de controversias contractuales que se arrastraban desde hace años y que mantenían paralizadas las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. La decisión fue adoptada en el marco de una reunión de Directorio de Energía Argentina S.A. (ENARSA), donde se acordó un entendimiento con las empresas contratistas para encauzar el proyecto y retomar los trabajos.
El acuerdo apunta a ordenar una situación heredada que había derivado en la ralentización y posterior virtual detención de las obras, afectadas por incumplimientos contractuales y la falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos.
Prioridad en la represa Jorge Cepernic
Dentro del complejo hidroeléctrico, la represa Jorge Cepernic es la que presenta mayor grado de avance, con un 46% de ejecución. Por ese motivo, su reactivación fue definida como prioritaria para acelerar resultados y recuperar el ritmo de obra.
Según las estimaciones oficiales, la central podría estar finalizada en 2030 y aportaría 1.860 GWh al Sistema Argentino Interconectado (SADI), con una potencia instalada de 360 megavatios.
Un proyecto demorado y con fuertes reclamos
Las represas fueron licitadas en 2013 con un plazo de finalización previsto para 2023. Sin embargo, desde 2016 no se cumplieron las condiciones contractuales ni se realizaron las redeterminaciones de precios correspondientes, lo que generó una acumulación de reclamos por parte de la contratista superiores a los 700 millones de dólares.
Hasta el momento, entre ambas represas se ejecutaron aproximadamente 1.800 millones de dólares, aunque se estima que para completar el complejo se requerirá una inversión adicional cercana a los 5.000 millones de dólares.
Normalización y nuevo cronograma
Con la resolución adoptada, ENARSA busca regularizar las condiciones contractuales y encaminar las disputas pendientes, garantizando la continuidad del proyecto bajo un cronograma verificable.
Desde el Gobierno Nacional señalaron que la medida forma parte de un proceso más amplio de normalización del sector energético y de ordenamiento de compromisos asumidos por el país, con el objetivo de dar previsibilidad a las obras estratégicas y fortalecer la infraestructura de generación eléctrica.
