Con plazos de hasta 15 años y tasas atadas a UVA, la administración nacional busca financiar unas 18.000 viviendas iniciales para reducir el déficit habitacional y motorizar la economía a través de la reactivación de la construcción.
En un giro clave para dinamizar el mercado inmobiliario y responder a una de las demandas sociales más postergadas, el Gobierno nacional oficializó un plan estratégico para inyectar $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. El objetivo central es fondear a las entidades bancarias para que puedan ofrecer líneas de créditos hipotecarios accesibles, destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
El esquema diagramado prevé que los préstamos cuenten con un plazo mínimo de 15 años y una tasa máxima fijada en UVA + 7,5% anual. En una primera etapa, la iniciativa contempla la realización de licitaciones periódicas de fondos, debutando la semana próxima con un desembolso inicial de $200.000 millones.
Si bien las proyecciones oficiales estiman financiar unas 18.000 viviendas en lo inmediato, los funcionarios aclaran que la cantidad final de beneficiarios dependerá del monto que demande cada carpeta y de las particularidades de los proyectos habitacionales presentados por los solicitantes.
La visión oficial: «Justicia social» y comparación regional
Al fundamentar la medida, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el acceso a la casa propia constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión.
«Los créditos hipotecarios son una prioridad, primero porque hacen a la justicia social; nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla. Segundo, porque tiene un efecto multiplicador al motorizar otros sectores y ayuda a mejorar la formalidad», sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.
Caputo también puso el foco en la profunda postergación histórica que sufre el mercado financiero argentino en materia de vivienda. Al respecto, detalló que el stock de créditos hipotecarios en el país representa apenas el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra extremadamente baja si se la compara con el 27% de Chile o el 50% registrado en economías desarrolladas como la de Estados Unidos.
Bajo esta nueva arquitectura financiera, desde el equipo económico calculan que —tomando como referencia un salario promedio formal en torno a los $1.800.000— una pareja con ingresos combinados podrá calificar holgadamente a los préstamos. La meta económica de fondo es clara: sustituir el peso asfixiante del alquiler mensual por el pago de una cuota genuina orientada a consolidar el patrimonio familiar.
