A partir del 1° de enero de 2026, el Gobierno nacional puso en vigencia un nuevo aumento parcial de los impuestos que gravan a los combustibles, una medida que se reflejará de manera inmediata en los precios en surtidor en todo el país. El ajuste alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
La decisión fue oficializada este miércoles 31 de diciembre mediante el decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial. Según lo establecido, el componente impositivo provocará un incremento de $17,29 por litro en la nafta súper y de $14,39 en el gasoil, sin contemplar eventuales actualizaciones adicionales que puedan definir las empresas petroleras.
Desde la Secretaría de Energía explicaron que se trata de una actualización parcial, ya que el Ejecutivo resolvió postergar una parte de los aumentos pendientes correspondientes a períodos anteriores. La estrategia apunta a preservar el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, moderar el impacto sobre la actividad económica y el nivel de consumo.
El decreto también ratifica la continuidad del esquema diferencial para el gasoil en la región patagónica. De esta manera, el combustible destinado al consumo en Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe, seguirá tributando un monto impositivo reducido.
La actualización vuelve a poner a los combustibles en el foco del escenario económico, dado que las variaciones en sus precios suelen trasladarse a los costos de transporte y logística, con impacto directo en el valor final de bienes y servicios, especialmente en el inicio de un nuevo año marcado por ajustes económicos.
En los considerandos de la norma, el Gobierno recordó que los incrementos pendientes corresponden a actualizaciones del año 2024 y de los primeros tres trimestres de 2025, y sostuvo que la decisión de diferirlos parcialmente responde a la necesidad de «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible».
