En su sesión ordinaria realizada en Comodoro Rivadavia, el Consejo de la Magistratura de Chubut completó la selección de cinco nuevos jueces, un fiscal y una defensora, mientras que, simultáneamente, atendió graves planteos sobre la independencia judicial y abrió un sumario disciplinario.
Nuevos Nombramientos
El Consejo emitió su veredicto en varios concursos, destacándose las siguientes selecciones:
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Javier Ángel Allende fue seleccionado como Juez de Cámara Penal de Puerto Madryn.
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Facundo Estanislao Oribones fue elegido para el cargo de Fiscal General de Comodoro Rivadavia.
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Mauro Emmanuel Soza y Helena Casiana Castillo ocuparán, respectivamente, los cargos de Juez Penal para Sarmiento y Jueza de Ejecución para Puerto Madryn.
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María Victoria Tapia y Luciana Paula Capone fueron seleccionadas como Jueza de Primera Instancia en lo Laboral (Trelew) y Defensora Penal (Puerto Madryn), respectivamente.
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Patricio Manuel Cosentino será Juez de refuerzo para el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn.
Sumario y grave alerta institucional
Además de los nombramientos, el Consejo adoptó dos definiciones de alto impacto:
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Apertura de Sumario: Se resolvió abrir una instancia sumarial contra la magistrada Amorina Ursula Testino (Jueza Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson), a raíz de una denuncia.
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Interferencia del Ejecutivo: El Consejo analizó una nota enviada por la jueza Daniela Alejandra Arcuri, quien alertó sobre una “circunstancia que estimo de significativa gravedad institucional” ante una presunta «interferencia del Poder Ejecutivo» y «afectación directa a la independencia judicial».
A raíz de esta denuncia, que generó preocupación en la Asociación de la Magistratura y la Procuración Penitenciaria, la Presidencia del Consejo solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) una medida prioritaria: reglamentar de manera uniforme el área de Ejecución Penal en toda la provincia y analizar la situación particular de la jueza Arcuri en el marco de esa nueva reglamentación.
Finalmente, el Consejo tomó nota de un pedido de rotación solicitado por un funcionario del Ministerio de Seguridad y recordó al Poder Ejecutivo que estos asuntos deben canalizarse por las vías institucionales correspondientes, dirigiéndose a las cabezas de los poderes pertinentes.
