El gobierno de Estados Unidos volvió a involucrarse en el millonario juicio por la expropiación de YPF. Esta vez, busca evitar que Argentina se vea obligada a entregar acciones de la petrolera estatal como forma de pago del fallo que la condena a abonar más de 16.000 millones de dólares.
A través del Departamento de Justicia, Washington presentó un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en apoyo a la solicitud argentina para que se mantenga la suspensión de la orden judicial dictada por la jueza Loretta Preska, quien había ordenado la transferencia inmediata de las acciones a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park.
La intervención estadounidense no toma posición sobre el fondo del fallo ni cuestiona el monto, que ya asciende a 17.750 millones de dólares con intereses. El eje del respaldo gira en torno a la inmunidad soberana de los Estados, un argumento que ya había sido esgrimido por la Casa Blanca en 2023, aunque sin éxito ante la jueza Preska.
El juicio se originó por la demanda del grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, que denunció que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner violó el estatuto de YPF al expropiar la compañía en 2012 sin extender la oferta de compra al resto de los accionistas, como se hizo con Repsol.
El cronograma judicial sigue en marcha: Burford deberá responder el 17 de julio a la solicitud de suspensión y Argentina presentará su réplica el 22 de julio. Luego, se sorteará el tribunal de tres jueces que resolverá si se mantiene la medida cautelar que impide ejecutar la sentencia mientras se define la apelación principal, proceso que podría extenderse hasta 2026.
El analista Sebastián Maril consideró que el respaldo de EE.UU. podría inclinar la balanza a favor de Argentina en esta etapa del litigio. Sin embargo, si la Cámara no avala la suspensión, el traspaso de las acciones podría concretarse de inmediato, generando un nuevo frente de conflicto para el país.
