Editorial: “No nos da la razón, pero es un fallo razonable…”

…sostuvo una importante fuente del gobierno de la provincia al ser consultada por Argentarnoticias, con relación a la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia quién expuso su opinión en torno a los manejos de los fondos provenientes del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

Cabe recordar que, por esta cuestión, en febrero pasado, se generó un conflicto que enfrentó (prematuramente, diría yo) al Gobernador Torres y al Presidente Milei por el manejo que el gobierno federal realiza de este Fondo.

Algunos antecedentes

Más puntualmente, el conflicto se desató cuando el Ministerio de Economía de la Nación incautó (por falta de pago en tiempo y forma) recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos que le correspondían a Chubut, pero, que la provincia, había colocado como garantía de los aportes que recibiera por parte de este Fondo Fiduciario. Es decir, nación le ejecutó la garantía a Chubut.

A fuerza de ser lo más exhaustivo posible con el tema, nunca la nación procedió de esta forma con respecto al relacionamiento que todos los gobiernos federales han mantenido con cada uno de los gobiernos provinciales. Generalmente, cada vencimiento de los aportes o cuotas surgidas de este FFDP, o fueron pagados o refinanciados con nuevos vencimientos. LO QUE NUNCA HABÍA OCURRIDO, ES LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA.

Una de las preguntas que nos podríamos hacer es, si dicha ejecución, fue bien realizada o si correspondía realizarla. En realidad, desde el mismo nacimiento del FFDP en 1995, como dijimos, nunca se ejecutaron las garantías de una provincia, por lo menos, de esta forma. Además, Chubut mostró, en dos ocasiones, su intención de mejorar la calidad de su deuda con propuestas que la nación jamás contestó.

Podemos concluir –en principio- que el gobierno federal incurrió en una evidente mala praxis dado que jamás estuvo dispuesto a encontrar una propuesta superadora a las planteadas por la nuestra provincia para, lograr así, una mejora sustancial en la calidad de la deuda.

Lo que pretendía Chubut era achicar el costo del endeudamiento; pagando el mismo, pero a una tasa de interés más baja o cancelar dicho endeudamiento con la emisión de títulos, pero respaldados con regalías hidrocarburíferas y no con la coparticipación federal de impuestos.

Fue lógico lo planteado por Torres. En esencia, el sistema de coparticipación federal de impuestos es, desde el punto de vista político, económico y rentista, la integración del concepto mismo de: nación.

¿Qué queremos significar?

Más allá de los enfoques legales que podamos hacer respecto de cómo se deben distribuir los recursos que pagamos todos los argentinos para solventar al gobierno en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal; lo cierto es que el sistema de coparticipación de impuestos es un formato institucional y administrativo que integra al gobierno nacional junto a los provinciales.

Es decir, es una unidad…

…Imposible de dividir; dado que dicho sistema es la expresión más acabada que encontró la Argentina, a lo largo de su historia, para integrarse en un único conjunto (nación y provincias).

Por lo tanto, quitarle o retenerle fondos a una provincia por un hipotético incumplimiento, es negar esa integración que supera holgadamente a las partes que la componen.

Es más, se podrá cuestionar la dinámica de esa unidad o cuán eficiente y eficaz puede ser esa integración para el desarrollo de un país con las provincias que lo componen; pero lo que no puede hacer ningún gobierno (ni nación, ni los provinciales) es poner en tela de juicio la existencia misma de esa unidad.

Lo que debería haber llamado la atención de quienes diseñaron éste, y otros Fondos Fiduciarios, cuya existencia se garantiza a través de la coparticipación de federal de impuestos que recibe cada provincia, es que nadie podría haber ejecutado –ante un eventual incumplimiento o disciplinamiento- esa garantía.

Materializar la ejecución de esa garantía –como la que practico Milei con Chubut- sería como que un Banco le pida a su cliente que ponga a un hijo en calidad de garantía de un préstamo recibido. O que, ante el atraso en el pago de una cuota de ese préstamo, la entidad financiera solicite a la justicia que ordene amputarle un brazo a su cliente, con el fin de saldar la deuda.

Este escenario no es objeto de análisis. Lo único, que hemos cuestionado (como provincia), es cuán justo y dinámico puede ser este reparto de fondos. Cuán atrasada se encuentra la Argentina en la discusión de este acuerdo que data de la década de los ’40 del siglo pasado. O, cuánto dinero perdió Chubut, respecto de lo que aportó a nación. Todo esto, mientras que el Gobierno de La Libertad Avanza, con Milei a la cabeza, le metía la mano en el bolsillo a los chubutenses

No se puedo dialogar, discutir, negociar u acordar

La ausencia de acción política por parte del gobierno federal, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, fue una constante que se prolongó, inclusive, hasta el tratamiento legislativo que tuvo una de las principales iniciativas del gobierno de La Libertad Avanza, como lo fue la reciente aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal.

Para aclarar aún más nuestra posición respecto del tema que, si bien es complejo, apelamos a realizar un esfuerzo superior que el que ha evidenciado la dirigencia chubutense en su gran mayoría; basta con rescatar lo expresado en este sentido por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

¿Qué dijeron, respecto de ésta cuestión en particular, los camaristas comodorenses?

Que del análisis de la situación sobre las que les toco opinar, no puede dejar de observarse y analizarse que, las causas del conflicto que protagonizan Chubut y el Gobierno Federal, “deben ventilarse y resolverse en un marco de excepcionalidad y con el menor grado de lesión a la equidad frente a un estado de emergencia nacional y provincial, en el cual resultan limitadas las posibilidades que tienen los tribunales (NdelR: refiere a los tribunales de 1 y 2 instancia) para dar respuesta satisfactoria a situaciones complejas como la aquí descripta y para la que -aún- no se ha encontrado oportuna respuesta política”, versa el fallo.

La “negrita” y el subrayado es nuestro, y lo exponemos para resaltar justamente la ausencia de la necesaria respuesta política que siempre debe estar presente para resolver este tipo de cuestiones, que los mismos camaristas destacan en su fallo.

Y no es poco, lo expuesto por los magistrados. Podríamos agregar incluso, que la resolución de los camaristas adquiere dos dimensiones, a saber: una política (la que subrayamos) y otra dimensión jurídica, en donde los jueces de Cámara establecen con claridad cuál es el ámbito en el que se deben resolver estas cuestiones. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Podemos entender entonces, que el fallo de los camaristas, además del establecer el ámbito de competencia para la resolución de estos diferendos, agregan –y es lógico que así sea- que la solución de fondo a esta discusión, por la que se enfrentan PROVINCIA – NACIÓN, es de naturaleza más política que jurídica.

De todas formas y, desde lo legal, permanece vigente la medida autosatisfactoria de un juez incompetente. Es decir, la resolución de Hugo Sastre es quien le pone paños fríos a este conflicto –primero- político y –luego- jurisdiccional. Habrá que aguardar entonces qué determina la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el presente tiempo político. Una Corte Suprema que lamentablemente resalta más por sus actos impropios, que por sus aportes a un ordenamiento más eficiente y eficaz de la convivencia democrática.

Por Sergio Cavicchioli