En un fallo sin precedentes que marca un límite tajante a la impunidad en internet, la Justicia civil de La Rioja condenó a una mujer a pagar una indemnización que, tras seis años de litigio, escala a los 30 millones de pesos. La sentencia favorece a su expareja, un agente de la policía provincial, quien fue blanco de una campaña sistemática de hostigamiento, insultos y falsas acusaciones que dinamitaron su reputación y frenaron su carrera profesional.
El calvario del efectivo comenzó en 2019, tras la ruptura del vínculo. Desde entonces, la mujer utilizó perfiles personales y cuentas falsas para lanzar una catarata de agravios que incluyeron términos discriminatorios y la difusión de una enfermedad falsa. El impacto fue mucho más allá de lo emocional: la exposición pública derivó en la apertura de sumarios administrativos y el bloqueo de sus ascensos dentro de la fuerza policial. La Justicia logró desarticular el anonimato de los perfiles falsos al comprobar que el lenguaje y la información privada utilizada eran idénticos a los de la cuenta personal de la acusada.
Un punto clave del proceso fue el desmonte de una estrategia judicial fallida, ya que la mujer intentó frenar la demanda con una denuncia por violencia de género que el tribunal calificó como falsa y terminó archivando. Para los magistrados, el daño al honor quedó plenamente probado, desestimando cualquier intento de ocultar la autoría detrás de la pantalla.
Además del millonario resarcimiento económico, la condena impone una medida de «reparación simbólica» igual de contundente: la mujer está obligada a publicar la sentencia en las mismas redes sociales donde realizó los ataques originales. En caso de insolvencia o negativa al pago, la Justicia ya habilitó los mecanismos para embargar sus bienes, dejando un mensaje claro para la era digital: la libertad de expresión no ampara el hostigamiento y las difamaciones en redes tienen consecuencias legales tan reales como costosas.
