A más de un año del fallo firme de la Corte Suprema, la exvicepresidenta lanza una ofensiva internacional. Sumó a su equipo al abogado que logró revertir la condena del mandatario brasileño y a un exjuez europeo para denunciar «lawfare» y violaciones al debido proceso.
A poco más de un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner decidió mover su última ficha en el tablero internacional. Su equipo de abogados anunciará de manera inminente la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la que denunciará que el Estado argentino vulneró sus derechos fundamentales y las garantías del debido proceso durante el enjuiciamiento.
La jugada estratégica busca objetar formalmente la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Según la defensa de la exmandataria, todo el expediente judicial estuvo signado por severas irregularidades y atravesado por una sistemática persecución política y judicial («lawfare»).
Refuerzos internacionales y el «efecto Lula»
Para potenciar la estrategia en el exterior y darle peso institucional ante los organismos globales, la exVicepresidenta reforzó su cuerpo técnico con dos nombres de peso en el derecho internacional:
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Rafael Valim: Jurista brasileño de renombre que integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso de la causa Lava Jato.
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Javier Borrego: Exjuez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El objetivo central de la defensa es emular el precedente del actual presidente de Brasil. En 2022, el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que los procesos judiciales contra Lula habían violado sus derechos políticos y las garantías de un juicio imparcial, un dictamen que resultó clave para la restitución plena de sus derechos políticos.
¿Cómo sigue el trámite en Naciones Unidas?
Una vez ingresado formalmente el escrito ante el organismo internacional, se pondrá en marcha un protocolo de revisión que consta de varias etapas:
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Evaluación de admisibilidad: El Comité de la ONU analizará si la presentación cumple con los requisitos formales para ser tratada.
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Requerimiento de informes: De ser admitida, se le exigirá al Gobierno argentino que envíe sus descargos y explicaciones sobre la actuación de la Justicia local.
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Dictamen final: Tras evaluar ambas partes, el organismo emitirá un pronunciamiento sobre la validez del juzgamiento a la exmandataria.
