El empleado de una estancia seleccionaba corderos de raza, los faenaba en el campo y los enviaba en transporte público para su venta clandestina. La red fue desarticulada mediante escuchas telefónicas y entregas vigiladas. Hay tres condenados.
Gualjaina. — Una exhaustiva investigación judicial y policial logró desmantelar una aceitada organización delictiva dedicada al abigeato, la faena clandestina y la posterior comercialización ilegal de ganado ovino en la cordillera chubutense. La maniobra era liderada por un puestero rural que, aprovechando la absoluta confianza de su empleador, vaciaba paulatinamente el campo donde trabajaba.
La causa fue impulsada por el procurador fiscal Ismael Cerda junto a la División de Asuntos Rurales de la Policía del Chubut, y se centró en los reiterados robos sufridos en la Estancia «La Elvira», ubicada sobre la Ruta 14, entre los parajes El Pescado y Gualjaina.
El principal implicado fue identificado como Juan José Penchulef (38), encargado del cuidado de los animales en el establecimiento. Según la acusación, Penchulef utilizaba su libre acceso a los cuadros de la estancia para seleccionar corderos de la cotizada raza MPM. Posteriormente, los faenaba oculto dentro del campo, acomodaba las reses en cajas y las trasladaba a caballo hasta la ruta. El paso más insólito de la logística consistía en despachar la carne robada hacia Esquel como encomiendas comunes a través de una empresa de transporte local.
La red comercial y la caída
La investigación penal comprobó que el puestero no actuaba solo. En Esquel, una mujer identificada como Pamela Gisel Del Río (38) se encargaba de recibir las encomiendas con la carne ilegal, ubicarla en el mercado clandestino y luego dividir las ganancias con Penchulef. El primer hecho acreditado data de noviembre de 2023, cuando sustrajeron al menos 15 corderos. La maniobra se repitió bajo la misma modalidad en noviembre de 2024, oportunidad en la que también participó la pareja del puestero, Ana Beatriz González (37), como receptora de los animales.
Para desbaratar a la banda, los investigadores desplegaron un arsenal tecnológico y de campo que incluyó:
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Intervenciones telefónicas en tiempo real.
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Seguimientos encubiertos y tareas de geolocalización.
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Procedimientos de «entrega vigilada» de las encomiendas.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que actualmente se implementan nuevas herramientas secretas para desarticular estas redes locales de abigeato que tanto afectan a los productores de la zona.
Juicio abreviado y sentencias
Ante el peso irrefutable de las pruebas acumuladas, los imputados decidieron confesar sus delitos y evitar el juicio oral y público. Las defensas acordaron un juicio abreviado con la Fiscalía de Esquel bajo las calificaciones de abigeato simple y encubrimiento.
Las condenas resueltas por la Justicia determinaron:
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Juan José Penchulef y Pamela Del Río: Condenados a dos años de prisión de ejecución condicional (no irán a la cárcel de forma efectiva) y al cumplimiento estricto de pautas de conducta. Además, se les impuso una fuerte multa económica de $2.100.000 a cada uno.
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Ana Beatriz González: Debido a su menor participación en el engranaje delictivo, obtuvo una salida alternativa por encubrimiento. Se le ordenó pedir disculpas formales y realizar 20 horas de trabajos comunitarios.
