El Tribunal Oral Federal N.º 7 dará inicio este jueves 6 de noviembre al juicio oral por la causa Cuadernos, uno de los expedientes más emblemáticos sobre presunta corrupción en la obra pública. Entre los 87 acusados figuran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes.
Las audiencias se desarrollarán los jueves de 9.30 a 13.30, en modalidad virtual a través de Zoom, con algunas transmisiones en vivo por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
Durante el debate, las defensas planean insistir en los cuestionamientos sobre la autenticidad de los cuadernos escritos por el chofer Óscar Centeno, origen de la investigación. Aunque un peritaje oficial avaló su validez, los abogados remarcarán las «alteraciones y sobreescrituras» detectadas en las anotaciones y denunciarán nuevamente supuestas presiones a empresarios arrepentidos.
La causa se centra en una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública, que habría operado durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. La exmandataria está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y coautora de cohecho pasivo, según la imputación del Ministerio Público Fiscal.
El proceso avanza tras el rechazo de más de 20 recursos judiciales presentados por las defensas ante la Corte Suprema, que confirmó la validez de las actuaciones y habilitó el inicio del juicio.
La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, destacó la magnitud del expediente al considerar que se trata de «la investigación por hechos de corrupción más extensa de la historia judicial argentina», comparable solo con unos pocos casos a nivel mundial.
El caso se originó a partir de las anotaciones de Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, quien registró presuntos viajes en los que se retiraban bolsos con dinero de empresarios a cambio de contratos del Estado. Su testimonio, sumado al de otros imputados que se acogieron a la figura del arrepentido, derivó en una megacausa que vuelve a poner en foco la relación entre el poder político y el sector empresarial.
Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner continúa cumpliendo una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, lo que añade complejidad a su situación judicial y política.
