Los gobernadores de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, dieron un paso más en la defensa de los intereses provinciales vinculados a YPF. Este lunes, los tres mandatarios se presentaron en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 4 de Comodoro Py para constituirse como querellantes en la causa que investiga el ingreso del grupo Eskenazi a la petrolera en 2007.
Torres advirtió que, si es necesario, también recurrirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para frenar la acción civil hasta que se resuelva la causa penal en Argentina. «Las provincias productoras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todas las instancias para defender lo que nos corresponde», aseguró el gobernador chubutense, quien remarcó que revisar aquella operación podría tener impacto directo en el fallo de la jueza neoyorkina Loretta Preska, que condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares, más intereses, a los fondos Burford y Eton Park.
«Frente a esta situación desmedida, los gobernadores vamos a encabezar la defensa de YPF y de los derechos de nuestras provincias», subrayó Torres en la Ciudad de Buenos Aires.
El rol de Petersen y Eskenazi
El mandatario recordó que el grupo Eskenazi accedió al 25% de las acciones de YPF a través de un esquema financiero basado en dividendos futuros. Tras la expropiación del 51% de la compañía en 2012, ese mismo grupo cedió su demanda contra la Argentina al fondo Burford Capital, conocido por litigar contra el país. Según Torres, esa expropiación también afectó a las provincias petroleras, ya que casi la mitad de las acciones involucradas les pertenecían.
Además de la querella penal, este lunes Chubut presentó un amici curiae ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de defender su participación accionaria en la empresa. Torres cuestionó que el fallo de Preska no contemple que los gobiernos provinciales son accionistas y que, en consecuencia, no corresponde embargar bienes que no pertenecen directamente al Estado nacional.
Un conflicto con larga historia
La disputa judicial tiene origen en diciembre de 2007, cuando el grupo Petersen —conducido por Enrique Eskenazi— adquirió un 25% de YPF mediante un acuerdo con Repsol. Años después, en 2012, el Congreso declaró de utilidad pública y expropió el 51% de las acciones de la petrolera. Repsol, que aún poseía la mayoría, terminó aceptando en 2014 una compensación de 5.000 millones de dólares.
Burford Capital, tras la quiebra del grupo Petersen, adquirió los derechos de litigio y en 2015 demandó a la Argentina en Nueva York, alegando que el país violó el Estatuto de YPF al no extender la oferta a todos los accionistas durante la expropiación. En 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y, en 2025, ordenó incluso la entrega del 51% de las acciones de la empresa como parte de pago. Sin embargo, esa medida fue suspendida de manera preventiva por la Corte de Apelaciones, que dejó a la Argentina, por ahora, sin obligación de desprenderse de sus acciones.
