La indignación de los adultos mayores en el sur del país ha escalado a un punto de no retorno. Bajo la contundente proclama de ser los «verdaderos dueños de la obra social», la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados del Chubut Sur rompió el silencio con un comunicado que no solo expone el recorte de prestaciones críticas, sino que también convoca a una movilización masiva para frenar lo que consideran una vulneración sistemática de sus derechos adquiridos.
El conflicto central radica en la drástica poda de coberturas médicas y la suspensión de talleres vitales para la salud mental y física, como yoga y memoria, justo cuando la demanda en áreas sensibles como cardiología se ha disparado tras la pandemia. Para los referentes del sector, no se trata solo de un ajuste presupuestario, sino de una falta de respeto que pone en riesgo vidas humanas. Ante este escenario, la Federación ha decidido elevar la apuesta y golpear las puertas de la Justicia Federal, solicitando formalmente a la jueza Eva Parcio de Seleme que actúe de oficio para frenar el estado de desprotección actual.
La exigencia no reconoce colores políticos: el reclamo interpela directamente al gobernador, a los senadores y a los intendentes, exigiéndoles abandonar la pasividad partidaria para priorizar la dignidad de quienes sostienen el sistema. Además, el documento reflota una demanda histórica: la normalización del PAMI. La entidad recuerda que la institución fue concebida para ser administrada por sus propios beneficiarios y trabajadores, denunciando que las constantes intervenciones estatales han desvirtuado su propósito original desde 1971.
Con la Constitución Nacional como bandera y el respaldo de una inminente junta de firmas, los jubilados chubutenses advierten que no darán un paso atrás. La consigna es clara: la salud no es un privilegio negociable, y la resistencia en las calles será el próximo capítulo de esta batalla por la supervivencia.
