La investigación por el fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años que perdió la vida en esta ciudad, sumó un elemento clave en el expediente judicial. La Junta Médica Forense del Poder Judicial de Chubut concluyó que el deceso del menor se produjo como consecuencia de 20 traumatismos craneoencefálicos, los cuales se registraron de forma simultánea con una infección pulmonar.
Los detalles técnicos de la autopsia y de los estudios histopatológicos complementarios fueron dados a conocer públicamente por el Dr. Roberto Castillo, abogado representante del padre de la víctima, a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. Según los informes periciales citados por el letrado, el cuerpo del menor presentaba «múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo», que generaron «hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y daño neurológico irreversible».
Los detalles del informe pericial
El análisis de la médica forense interviniente especificó el hallazgo de más de 20 infiltraciones hemáticas en el interior del cuero cabelludo, distribuidas en las regiones frontoparietal derecha e izquierda, parietal bilateral, temporal y occipital. El informe detalla además que 12 de estos impactos se localizaron exclusivamente en la zona frontal.
Asimismo, la necropsia detectó la presencia de cicatrices en la región frontal, submandibular y en la zona dorsal del tórax.
Postura de la querella y situación procesal
A partir de estos resultados, el abogado de la querella descartó la hipótesis de un hecho accidental y sostuvo que la evidencia forense demuestra la existencia de un patrón de agresiones físicas. En sus declaraciones, Castillo señaló que uno de los acusados reconoció haberle aplicado «correctivos» y «coscorrones» al menor.
Por el hecho se encuentran detenidos con prisión preventiva la madre del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González. El representante legal del padre cuestionó las decisiones institucionales previas que otorgaron la custodia a los actuales imputados y enfatizó que el Estado debe «garantizar la verdad, la responsabilidad penal y una condena» en el marco del proceso judicial en curso.
