A un mes de la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, la investigación judicial sigue avanzando con dos personas detenidas y una fuerte disputa entre las partes sobre la calificación del hecho. La madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, continúan con prisión preventiva por seis meses, luego de que la autopsia preliminar determinara que el fallecimiento se produjo por múltiples golpes.
En este contexto, el abogado Roberto Castillo, representante del padre del niño, Luis López, planteó una postura más grave que la sostenida por la fiscalía y aseguró que no se trató de un hecho aislado, sino de una situación de violencia reiterada.
«La fiscalía está trabajando comprometidamente, pero nosotros tenemos otra mirada sobre la acusación», señaló el letrado. Mientras que la investigación oficial apunta a un homicidio por omisión en el caso de la madre, la querella sostiene que ella habría tenido un rol activo en las agresiones. «No es que no intercedió, sino que también le propinaba golpes», afirmó, y fue aún más contundente: «Esa es nuestra teoría del caso».
Según explicó, existen pruebas y elementos que indicarían un contexto de maltrato sostenido, no solo hacia Ángel, sino también hacia otro de sus hijos, quien anteriormente fue apartado de su cuidado por decisión judicial.
El caso también abrió un fuerte frente de cuestionamientos hacia el accionar de la Justicia de familia. Castillo adelantó que avanzarán con denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra funcionarios judiciales, y que también se evalúan acciones penales contra profesionales que habrían intervenido en el expediente.
«Firmaban informes que no reflejaban la realidad», sostuvo el abogado, quien además cuestionó la forma en que se escuchó al menor en instancias previas. «No es lo mismo oír que escuchar activamente, como establece la Convención de los Derechos del Niño», remarcó.
Entre los antecedentes mencionados por la querella figura una denuncia realizada en 2023 por el padre del niño, quien advirtió sobre episodios de violencia. Pese a ello, el menor fue restituido a su madre, una decisión que hoy es fuertemente cuestionada. «Lo sacaron de su entorno y lo llevaron a un lugar donde no hubo control sobre sus condiciones de vida», planteó Castillo.
Además, se sumaron testimonios que describen un clima de temor y episodios de violencia dentro del entorno familiar. En esa línea, el abogado insistió en que las pericias psicológicas serán determinantes para establecer la existencia de un patrón de maltrato.
Otro elemento que podría incorporarse a la causa son grabaciones realizadas por el padre del niño, en las que se cuestiona la actuación de funcionarios y profesionales intervinientes.
En cuanto a los próximos pasos, Castillo confirmó que declararán tanto el padre del menor como personas cercanas a su entorno, consideradas claves para reconstruir lo ocurrido.
Finalmente, la querella anticipó que buscará llevar el caso a juicio oral y solicitará la pena máxima para los imputados. Mientras tanto, el caso continúa generando conmoción y mantiene abierto el debate sobre las responsabilidades penales y el rol del sistema judicial en situaciones de vulnerabilidad infantil.
