En el marco de la conmoción por el caso Ángel, desde el Colegio Público de Abogados de Chubut manifestaron preocupación por el tratamiento público de la causa y aclararon que el abogado Roberto Castillo no cuenta con matrícula en la provincia.
El presidente de la entidad, Pedro Ferreira, se refirió al comunicado difundido recientemente y explicó que tuvo un doble propósito: por un lado, expresar pesar por el fallecimiento del niño y solicitar que el Ministerio Público Fiscal junto al Poder Judicial investiguen lo ocurrido para determinar responsabilidades; y por otro, llamar a la prudencia frente a la exposición mediática del caso.
En declaraciones radiales, Ferreira cuestionó la falta de mesura en redes sociales y algunos medios: «Se han visto escraches y una exposición reiterada de jueces y funcionarios que no contribuye, ni siquiera en un contexto tan sensible». En esa línea, diferenció el rol informativo del periodismo de la circulación masiva de contenidos en redes, donde —según indicó— abundan imágenes y videos editados con tonos intimidatorios.
Además, recordó que existen vías institucionales para canalizar denuncias contra magistrados o funcionarios: «Cualquier ciudadano puede acudir a los mecanismos constitucionales. Es allí donde deben discutirse las responsabilidades», afirmó.
Respecto a la participación de Roberto Castillo, quien acompaña a la familia del menor, Ferreira fue categórico: «No tiene matrícula en la provincia, por lo tanto no puede ejercer ni realizar presentaciones judiciales».
En ese sentido, subrayó que solo los profesionales matriculados en los colegios de Chubut están habilitados para intervenir formalmente en causas, por lo que cualquier presentación que no cumpla ese requisito carecerá de validez.
Si bien no descartó que Castillo pueda asistir a audiencias o acompañar a la familia, el titular del Colegio consideró que su exposición pública como representante legal resulta, cuanto menos, irregular.
Por último, señaló que aún no se realizó un análisis profundo sobre el accionar de los funcionarios judiciales involucrados, dado que la causa es reciente y todavía se requiere un estudio más detallado del expediente antes de fijar una postura definitiva.
