La Confederación Argentina de la Mediana Empresa expuso este martes en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina una serie de propuestas destinadas a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la disminución de la rentabilidad.
El encuentro se llevó a cabo ante el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, donde dirigentes de todo el país debatieron junto a legisladores las principales problemáticas que afectan al sector. Participaron, entre otros, el presidente de CAME, Ricardo Diab; la secretaria general Beatriz Tourn; y el secretario de Hacienda Blas Taladrid, junto a autoridades parlamentarias como Pablo Farías y Lisandro Nieri.
Durante la exposición, Diab advirtió sobre la fuerte dependencia del sector respecto del mercado interno. «El 95% de las pymes viven del consumo local. Podemos tener las mejores leyes, pero sin consumo no hay posibilidad de innovar ni generar empleo», sostuvo, y remarcó la necesidad de «apuntar a un consumo activo» para reactivar la actividad.
Entre los principales planteos, CAME reclamó avanzar hacia un nuevo consenso fiscal que permita ordenar los impuestos provinciales —especialmente Ingresos Brutos— y las tasas municipales, además de reducir la presión tributaria. Según indicaron, esta carga impositiva muchas veces empuja a las empresas hacia la informalidad como única alternativa para sostenerse.
En ese marco, también propusieron fortalecer la capacitación como herramienta para reducir la brecha entre la economía formal e informal, solicitando el acompañamiento del Congreso a los programas de formación de la Escuela de Negocios de la entidad.
Otro de los ejes fue la necesidad de combatir el comercio ilegal y el contrabando. Para ello, la entidad pidió avanzar con un proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que contemple un régimen especial para pymes en zonas limítrofes, con el objetivo de reducir asimetrías cambiarias y mejorar la competitividad.
En materia de inversiones, CAME sugirió flexibilizar los requisitos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), proponiendo reducir los montos mínimos exigidos y ampliar el plazo para concretar las inversiones de dos a cinco años.
Por último, los representantes empresariales reclamaron mayor acceso al financiamiento, al señalar que actualmente solo una de cada tres pymes logra acceder a crédito. En respuesta, legisladores presentes señalaron que analizarán la posibilidad de declarar la emergencia pyme a nivel nacional.
La reunión contó con la participación de autoridades de CAME y representantes de federaciones y cámaras empresarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, quienes coincidieron en la urgencia de implementar medidas que permitan sostener la actividad y evitar el cierre de más empresas.
