El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut celebra este miércoles una audiencia de vital importancia para el futuro de las diez personas condenadas en el resonante caso conocido como «Emergencia Climática» de Comodoro Rivadavia. Los ministros del STJ deberán evaluar las sentencias dictadas en primera y segunda instancia contra los exfuncionarios municipales y empresarios involucrados, con la posibilidad de confirmar, atenuar o anular las penas.
Los argumentos clave de las defensas
Las defensas de los condenados concentrarán sus esfuerzos en revertir o reducir las condenas, alegando presuntas vulneraciones a los derechos de sus representados durante el proceso.
Uno de los planteos más fuertes, liderado por los abogados Guillermo Iglesias y Fabián Gabalachis (defensores de Abel Boyero y Roberto Monasterolo, respectivamente), apunta directamente a la actuación judicial. Sostienen que el Tribunal de Juicio incurrió en un «exceso de funciones» al solicitar la intervención de un nuevo fiscal, luego de que los fiscales originales, Marcelo Crettón y Adrián Cabral, desistieran de llevar el caso a juicio. Las defensas argumentan que esta acción es contraria al sistema acusatorio vigente.
Si este argumento central no prospera, los defensores presentarán planteos alternativos para lograr atenuantes. Por ejemplo, Iglesias argumenta que su defendido, Abel Boyero, condenado a 5 años, «no podía saber» de los trabajos facturados pero no realizados por sus subordinados, ya que no se probó su conocimiento directo de dichas maniobras.
Las condenas en revisión
Las penas impuestas, que el STJ debe ahora revisar, son las siguientes:
Fuentes judiciales advierten que es «prácticamente imposible» que el Superior Tribunal emita una resolución este mismo miércoles. Tras escuchar los argumentos de las defensas y a la Procuración General, que representa a la acusación, los ministros iniciarán un proceso de deliberación.
Basándose en antecedentes, la resolución del STJ podría demorar varios meses, ya que los fallos del tribunal se presentan por escrito sin pronunciamientos verbales previos. El caso, de alto impacto político y social, mantiene la expectativa ante la cercanía de las elecciones provinciales del 26 de octubre, aunque la fecha de la sentencia final sigue siendo incierta.
