La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, publicó la Resolución General 5700/2025, introduciendo cambios significativos en las operaciones de compra. A partir de ahora, los comercios ya no deberán solicitar DNI o CUIT a los consumidores finales por compras inferiores a $10 millones, independientemente de si el pago se realiza en efectivo o por medios electrónicos.
Hasta esta modificación, era obligatorio identificar al comprador cuando el monto en efectivo superaba los $250.000 o cuando se pagaba electrónicamente a partir de $400.000. Con el nuevo umbral, se busca simplificar trámites, agilizar el comercio y preservar la privacidad de los consumidores.
La resolución también eleva el tope para usar el sistema simplificado de facturación «Facturador» hasta $500.000 por operación, lo que representa otra medida orientada a reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes.
Este cambio forma parte de un paquete de reformas impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye la actualización de los umbrales para el inicio de fiscalizaciones:
- Transferencias o acreditaciones bancarias: $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas
- Extracciones en efectivo: $10 millones
- Saldos bancarios: $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- Plazos fijos: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- Billeteras virtuales: $50 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
- Sociedades de bolsa: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas)
Eliminación de regímenes informativos
En paralelo, las Resoluciones 5697 y 5698/2025 eliminaron diversas obligaciones de información que hasta ahora regían para contribuyentes y empresas. Entre las principales:
- Reportes de consumos con tarjetas de crédito y billeteras virtuales
- Sistema CITI Escribanos
- Informes sobre compraventa de vehículos usados
- Declaración de expensas desde $32.000
- Notificación del COTI para la publicación de inmuebles
Un cambio de enfoque
El titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que estas reformas apuntan a «desburocratizar el sistema y fomentar la confianza en la economía formal». Según Pazo, los contribuyentes podrán operar con normalidad sin declarar movimientos previos ante el organismo hasta montos de $50 millones, «ya sea para comprar un auto o una propiedad con fondos lícitos, sin tener que justificar cada paso».
Además, subrayó que este nuevo enfoque pretende incentivar el cumplimiento: «Tu historial crediticio y tu número de seguridad social serán claves para acceder a beneficios dentro del sistema».
