La difusión de una serie de grabaciones telefónicas entre el padre del niño asesinado en Comodoro Rivadavia y la profesional Jennifer Grisel Leiva desató una ola de indignación nacional. En los registros, la psicóloga desafía con sarcasmo las advertencias de Luis López, quien en un desgarrador presagio llegó a decirle: “Ya se va a dar cuenta cuando maten a mi hijo”.
El caso de Ángel López, el niño cuya muerte conmocionó a Chubut, sumó un capítulo estremecedor tras la filtración de audios que exponen la negligencia del sistema de protección de derechos. Las grabaciones, difundidas inicialmente por Cinthia Fernández, revelan una tensa discusión entre Luis López, padre del menor, y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, quien hoy enfrenta una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. En el audio más impactante, la profesional responde con una frase que hoy resuena con crueldad absoluta ante el desenlace fatal: “Amo. Amo las situaciones de violencia que generás”, ironizando sobre los intentos desesperados del padre por ver a su hijo en el jardín de infantes.
Durante el intercambio, Luis López intentaba alertar a la profesional sobre los riesgos que corría el pequeño al ser revinculado con su madre biológica, Mariela Altamirano, quien actualmente se encuentra detenida por el crimen junto a su pareja. Mientras el padre cuestionaba las decisiones administrativas y aseguraba que el niño quería permanecer en su entorno habitual, Leiva minimizaba sus reclamos acusándolo de realizar una «revictimización» al presentarse reiteradamente en la institución educativa. La frialdad de la respuesta profesional ante la desesperación del progenitor culminó en una advertencia que el tiempo transformó en tragedia, cuando López le recriminó que solo comprenderían la gravedad de la situación una vez que el niño fuera asesinado.
La difusión de este material ocurre en medio de una ofensiva judicial liderada por el abogado Roberto Castillo, quien sostiene que los informes técnicos elaborados por Leiva carecían del rigor científico mínimo exigible para un caso donde estaba en juego la vida de un infante. Según la querella, las evaluaciones se limitaron a «entrevistas de escritorio» sin constatar la dinámica real del hogar al que el juez Pablo José Pérez decidió restituir al menor. Ante la gravedad de las pruebas, se solicitó la suspensión preventiva de la psicóloga en el Servicio de Protección de Derechos, la prohibición de salida del país y una auditoría forense independiente sobre todos sus informes de los últimos dos años.
El escándalo salpica a todo el sistema judicial y administrativo de Comodoro Rivadavia, ya que organizaciones como la Fundación Más Vida también han denunciado que los organismos de protección disponían de información suficiente para evitar el desenlace. Castillo fue contundente al señalar que el expediente revela omisiones sistemáticas por parte de diversos actores que ignoraron antecedentes de violencia previos. Mientras la investigación avanza, los audios permanecen como un testimonio brutal de la desidia estatal frente a un sistema que, en lugar de proteger a la víctima, terminó por confrontar a quien intentaba salvarla.
