El sistema nacional de financiamiento sufre un grave congelamiento de recursos en la administración central. En la Patagonia, la falta de presupuesto frena las capacitaciones y obliga a recurrir al sector privado para sostener el equipamiento de emergencia.
El esquema de financiamiento destinado al sostenimiento de los cuerpos de bomberos voluntarios de todo el territorio argentino atraviesa un momento crítico. Una profunda parálisis en las transferencias de los recursos recaudados ha generado descalces profundos en el sistema de previsión —regulado mediante una normativa de asignación específica—, impactando de manera directa en el equipamiento de las delegaciones del interior de la provincia.
Los fondos en cuestión, que abonan mensualmente los ciudadanos a través de sus pólizas de cobertura comercial, permanecen congelados en las cuentas de la administración central sin llegar a los frentes de emergencia.
«Hace más de un año que no cobran absolutamente un peso»
En un diálogo exclusivo con el medio #LA17 (fuente original de la información), el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, expuso el escenario de asfixia presupuestaria que padecen las estructuras locales. El dirigente lanzó una dura advertencia en los micrófonos de la radio:
“Hasta ahora hay muchos cuarteles en el país que no han cobrado nada, hace más de un año que no cobran absolutamente un peso. Hay federaciones como en este caso la de Chubut que en capacitación no le han pagado nada, no han recibido el dinero que le corresponde para capacitación del personal”.
Oliva fue tajante al aclarar que la masa de dinero en disputa no proviene de partidas presupuestarias generales ni de asignaciones extraordinarias del Tesoro, sino del aporte directo de la comunidad al contratar coberturas de riesgo. Las compañías del rubro retienen un porcentaje equivalente al 0.5 por mil de cada seguro emitido a nivel nacional para conformar un fondo de afectación exclusiva.
“Es un porcentaje que se abona de los seguros que van a un fondo que Nación es la encargada de administrarlos, no es dinero que salga aparte de ningún otro lugar más que del bolsillo de los contribuyentes”, aclaró el titular de la federación a #LA17, diferenciando la tarea de supervisión estatal de la potestad sobre el dinero. Según explicó, el rol asignado por ley a las dependencias ministeriales de Buenos Aires se circunscribe estrictamente al control administrativo de los balances y a la posterior redistribución de los saldos acumulados.
Ruptura de la dinámica técnica y administrativa
La demora en las remisiones de caja rompió una dinámica administrativa que históricamente garantizaba el flujo de recursos antes del cierre del primer semestre de cada período fiscal. Habitualmente, los remanentes de las delegaciones que no logran cumplimentar sus rendiciones a término se distribuyen entre los cuarteles con carpetas en orden; la interrupción de este circuito de reinversión secundaria priva hoy a las escuelas de oficiales de los insumos indispensables para actualizar las técnicas de combate del fuego.
Ante la carencia de auxilio estatal, la conducción provincial se vio forzada a buscar alternativas de asistencia en el sector corporativo privado para apuntalar la maltrecha infraestructura de movilidad en las bases periféricas. En este contexto, la firma operadora de yacimientos Pan American Energy concretó la entrega de cinco camionetas doble tracción cabina simple destinadas a los puntos con mayores urgencias operativas: cuatro cuarteles de la zona cordillerana afectados por los incendios de vegetación y la unidad móvil de adiestramiento de la federación.
El responsable del área bomberil confirmó a #LA17 que el equipamiento rodado complementario se tramitó bajo condiciones estrictas para asegurar su inmediata puesta en servicio: “Ellos salen con revisión técnica completa de parte de la empresa para garantizar su funcionamiento”, detalló Oliva.
Veranos más exigentes e incertidumbre futura
La urgencia por incorporar estas unidades 4×4 radica en el incremento de las salidas simultáneas que sufrieron los cuarteles más pequeños de la estepa patagónica durante la última temporada estival. La expansión de las fronteras de riesgo forestal somete al personal a exigencias operacionales que superan la capacidad instalada de almacenamiento y transporte, obligando a los brigadistas a rotar constantemente el material de arrastre y las bombas de impulsión para no interrumpir el servicio.
Por el momento, la resolución del conflicto se mantiene trabada en los despachos nacionales debido a la falta de interlocutores válidos que destraben las partidas de capacitación técnica. “Estamos en un momento donde se están haciendo muchísimos reclamos del Consejo Nacional, pero una incertidumbre muy grande porque ya los cuarteles cobraron, están reclamando sus capacitaciones y esa respuesta no podemos dar”, concluyó Oliva en su descargo radial.
