En un fallo contundente, la Justicia de Comodoro Rivadavia declaró la nulidad de una orden de allanamiento y requisa vehicular, cuestionando la falta de fundamentos y los vicios en el procedimiento contra el ex funcionario.
En un fallo judicial que generó un fuerte impacto, la Justicia local revocó una resolución del juez Jorge Odorisio y declaró la nulidad de los allanamientos y la requisa vehicular realizados contra el contador Germán Issa Pfister. El Tribunal revisor, que analizó una solicitud de la defensa, señaló graves vicios en el procedimiento, más allá del debate sobre los fueros del ex funcionario.
La controversia se originó a raíz de una investigación de la Fiscalía en la que se solicitó allanar el domicilio y el vehículo de Issa Pfister. La defensa, a cargo de la Defensoría Pública, presentó un recurso de revisión argumentando que la orden de allanamiento carecía de la debida fundamentación y que no se había respetado la inmunidad de arresto del imputado, quien fue proclamado como miembro titular del Tribunal de Cuentas Municipal.
Falta de fundamentos y vicios procedimentales
Si bien el fallo revisor no se centró en la cuestión de los fueros, sí destacó que la orden de allanamiento carecía de «relato sucinto del hecho investigado». El Tribunal sostuvo que la Fiscalía se limitó a transcribir fragmentos de una sentencia anterior, sin aportar ningún elemento nuevo de prueba en la investigación que justificara las medidas intrusivas.
«No existe un solo elemento nuevo a partir de la investigación iniciada hace aproximadamente un año atrás», indica la resolución. Además, el Tribunal señaló que la orden dejaba abierta la enumeración de los elementos a secuestrar y no fundamentaba el fin de dichos secuestros, lo que convierte la medida en «arbitraria».
El fallo también fue categórico al afirmar que no se respetaron los estándares de «causa probable» y «sospecha razonable» para ordenar las diligencias. La Justicia se preguntó si era lógico pensar que, ocho años después de los hechos investigados, el contador aún conservaría material relacionado en su domicilio. La respuesta, según el Tribunal, se impone por sí sola: es negativa.
Irregularidades en el inicio de la causa
El Tribunal también advirtió una grave irregularidad en el inicio de la solicitud jurisdiccional. Se encontró que el pedido del Fiscal Jefe fue firmado digitalmente en una fecha, pero formalmente se registró dos días después, una vez que las diligencias ya habían sido concluidas. Esto, según la Justicia, incumple el procedimiento habitual y legal.
Finalmente, el fallo revoca la resolución original y anula la orden de allanamiento, subrayando que «no existe error inocuo que pueda oponerse para pretender la convalidación o subsanación de tal violación» cuando se vulneran garantías constitucionales. Con esta decisión, la Justicia envía un claro mensaje sobre la necesidad de extremar los recaudos al momento de ordenar medidas que afectan derechos fundamentales de los ciudadanos.
