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Torres y otros gobernadores impulsan un frente federal

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció la conformación de un nuevo frente federal junto a sus pares de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y Jujuy. El espacio, según expresó, busca representar «un grito federal en Argentina» y se diferencia del diálogo que venían manteniendo con el gobierno nacional de Javier Milei.

Del encuentro, realizado este martes en la Casa del Chubut en Buenos Aires, participaron también Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En ese marco, los mandatarios reclamaron la sanción definitiva de proyectos aprobados por el Senado como la coparticipación automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una nueva ley de biocombustibles.

Pese a pertenecer a espacios políticos diversos —con Sadir y Pullaro alineados con la UCR, Torres desde el PRO, Llaryora representando al peronismo cordobés y Vidal desde un espacio provincial— los gobernadores coincidieron en la necesidad de establecer reglas más claras y justas en la distribución de los fondos nacionales.

Durante el encuentro, que se mantuvo en reserva hasta su finalización, también se evaluó la estrategia legislativa común ante posibles vetos del Ejecutivo nacional a leyes recientemente sancionadas, como el aumento de jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en Discapacidad.

Torres remarcó que el planteo de los gobernadores no busca fondos extras de Nación, sino que apunta a una distribución más equitativa. En ese sentido, señaló que «cuando el Gobierno habló de eliminar los curros de los fideicomisos, coincidimos plenamente». Y puso como ejemplo la asignación específica del impuesto a los combustibles, que debería destinarse exclusivamente al mantenimiento de rutas, pero que —según denunció— actualmente no se está ejecutando.

El mandatario chubutense propuso disolver ese fondo específico para que esos recursos sean distribuidos según los índices de coparticipación y puedan destinarse a obras necesarias en las provincias.

Respecto a los ATN, Torres fue crítico con su uso histórico: «Siempre funcionaron como un mecanismo de premio y castigo según el alineamiento político de los gobernadores». Aunque reconoció que representan apenas el 1% de la masa coparticipable, insistió en que deberían distribuirse de forma transparente, sin favoritismos.

También rechazó la posibilidad de negociaciones políticas discrecionales: «No hay cambio de figuritas. Queremos discutir de forma institucional». En ese sentido, destacó que el Consejo de Mayo —integrado por representantes de trabajadores, empresarios, gobernadores y el Congreso— debería ser el ámbito adecuado para abordar temas estructurales como la reforma previsional y laboral.

«Queremos que ese espacio tenga dinámica y se convierta en el lugar donde podamos avanzar con consensos reales», concluyó.

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