Todos somos más

Son pocas las ocasiones, escasos momentos, en la historia reciente, que Argentina destinó para debatir cómo se distribuye el poder. Más precisamente, el poder político y, por consiguiente, cómo se articula su organización económica.

El enorme despilfarro provocado por las distintas administraciones –nacional y provinciales- torna indispensable esta discusión, que se encuentra pendiente desde la reforma de la Constitución Nacional, allá por 1994.

30 años de atraso

La reforma de la Carta Magna impuso varios cambios a aquel texto original de 1853/60. Pero hubo uno, en particular, que propuso un orden más equilibrado entre la nación y las provincias; y es el referido a titularidad de los recursos naturales.

Hasta aquella reforma, el Estado – Nación era propietario de todos los recursos naturales que se encontraran en cada suelo y subsuelo provincial. Luego, dicha titularidad se puso en cabeza de cada estado provincial, siendo facultad de cada gobernador decidir el destino de sus riquezas naturales.

La Patagonia, como región, pudo materializar así este principio constitucional, recién en 2006, con la sanción de la llamada “ley corta” que puso en manos de cada gobernador, el destino final de la producción hidrocarburífera.

No fue una ley más

Néstor Kirchner, presidente proveniente de una provincia petrolera, conocía al dedillo los beneficios que le traería aparejada la sanción de aquella norma. Las provincias productoras de petróleo tendrían ahora la potestad para determinar el destino de la producción de sus hidrocarburos, siendo éste ingreso uno (sino el más) importe a la hora de contabilizar los beneficios que, por regalías, recibiría cada estado.

La primera en usufructuar los resultados de la “ley corta” fue Chubut cuando, en abril de 2007, durante la Presidencia de Néstor Kirchner y la primera gobernación de Mario Das Neves, extendió la concesión de su contrato con Pan American Energy LLC (hoy PAE).

El antecedente de Loma La Lata

Hasta ese momento, el único antecedente existente en materia de extensión de contratos petroleros, fue el de Neuquén, el año 2000. Pero, sin la ley sancionada en 2006, el Gobernador de aquel entonces Jorge Sobich, debió contar primero, con la autorización de la administración de Fernando De La Rúa. Por aquella operación, la Nación embolso un pago cash de 300 millones y de otros 130 millones para la provincia patagónica. Eran épocas aún, en donde los recursos les pertenecían a las provincias, pero los comercializaba la nación.

Con estos antecedentes, para nuestro caso, Chubut supo tomar la delantera –como dijimos- con extensión del contrato con PAE en 2007. Luego lo hizo con YPF, Tecpetrol (a quien nunca le deberíamos haber extendido su contrato por “El Tordillo”, “La Tapera” y “Puesto Quiroga”) y otras compañías que, a esta altura, ni siquiera se encuentran en la provincia.

Un capítulo aparte deberíamos iniciar para el análisis de los resultados que, hasta el momento, trajeron aparejadas dichas renovaciones contractuales. No es el objetivo que perseguimos en este análisis. Si pretendemos exponer un momento realmente histórico en el que el poder decisional de los gobernadores pudo recomponerse, en parte, respecto de la capacidad decisional de las distintas administraciones nacionales.

Extensiones de contratos que supieron tener los respaldos mayoritarios, necesarios y suficientes en el Congreso de la Nación y en cada legislatura provincial. Y no es menor reconocer, en este sentido, que buena parte de la voluntad política, que se necesitó para que esta primera nivelación en las relaciones de poder entre nación y provincias se pudiera llevar a la práctica, surgió de la impronta que le imprimió un presidente que provenía de una provincia productora de petróleo.

Este es –tal vez- el antecedente más claro que, en materia de organización y distribución del poder político y su posterior organización económica, supo conocer la Argentina; luego de la reforma de su Constitución en 1994. El otro punto que debería haberse debatido también, y que lo prevé el texto reformado del ´94, es la sanción de un nuevo régimen de distribución de la coparticipación federal de impuestos. La famosa “COPARTICIPACIÓN” jamás fue seriamente discutida y sus modificaciones parciales fueron el producto más de la arbitrariedad de las distintas administraciones nacionales que de un consenso nacional.

La Declaración de Puerto Madryn

Hoy asistimos a una renovación de ese reclamo que, en cabeza de los gobernadores, aspira a alcanzar una más equitativa distribución de la riqueza que generan las provincias.

Quien lidera ese grito es el joven mandatario chubutense, Ignacio Torres, que el pasado jueves, en la ciudad de Puerto Madryn, volvió a recibir el apoyo de sus pares patagónicos. Son los mandatarios de las seis provincias que integran la región quienes anhelan tener una mayor participación en la renta nacional.

Muchos fueron los discursos, los slogans, las expresiones de deseos que se conocieron el jueves 7 de marzo en la Ciudad del Golfo. Tal vez, el mejor resumen, fue el que pronuncio el Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, cuando sostuvo que “la Patagonia aporta a la economía nacional el 98 % por ciento del gas, el 87% del petróleo, el 71% de la energía eólica, el 27% de la energía hidroeléctrica. Concentra en el mar el grueso de las capturas pesqueras. Cuenta con los principales destinos turísticos del país. El ajuste fiscal por sí sólo no contribuye al desarrollo”. Y agregó: “Si la Nación no invierte en desarrollo, debe proponer un nuevo esquema de coparticipación federal”…” el ajuste fiscal por sí solo no garantiza desarrollo: la producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos”.

¿48 manos?

La pregunta que surge, a simple vista, luego de lo expuesto por los 6 gobernadores patagónicos es ¿cómo piensan ejercer el poder político que surja (veremos si todos siguen actuando en la misma línea) de la unión o frente unificado?

Nadie duda que los beneficios que traería aparejado un reclamo trabajado en bloque, sería mucho rico que el que podría obtener cada gobernador por separado. La fuerza del conjunto puede más que los voluntarismos personales. Clarísimo.

El tema a analizar se puede expresar en la siguiente pregunta: en caso de ser necesario el uso de ese poder surgido de la regionalización de varios reclamos, ¿cómo se ejercería?

Legalmente, a través de la vía judicial; en ese camino está Chubut y es un tema que lejos está de resolverse o de estar saldado. Políticamente la liga de gobernadores patagónicos tiene una sola forma de expresar esa voluntad y de materializar esa nueva organización del poder que aspira tener: con los diputados y senadores.

Son 6 provincias, cada cual asume una representación de 8 legisladores, a saber: 5 diputados nacionales y 3 senadores. La cuenta es sencilla. Cuarenta y ocho (48) es el número que expresarían las voluntades reunidas en la ciudad de Puerto Madryn.

¿A quien responden?

Ocurre que esos 48 legisladores responden a estructuras partidarias distintas y, en muy pocas ocasiones, decidieron su voto por su pertenencia a sus provincias. En la mayoría de los casos, los votos de esos parlamentarios fueron definidos por disciplina partidaria.

En la medida que la nueva organización del poder surgida de los mandatarios patagónicos no tenga su correlato en la conformación de un bloque patagónico de legisladores nacionales, las expresiones vertidas el pasado jueves 7 de marzo, corren serio riesgo de caer en saco roto.

El poder es una cualidad del sistema de convivencia democrática que los representados transfieren a los representantes. La pregunta es la de siempre: esos representantes ¿en nombre de quien lo hacen?

Hasta ahora fue en beneficio de las estructuras partidarias o electorales que los vieron nacer. Lejos se está todavía de que esa representación respete genuinamente a quienes los votaron.

Ese es el gran desafío que la nueva región tiene por delante. No alcanza con que lo inicialen los gobernadores. Se necesita también a los legisladores nacionales de cada provincia. Veremos si éstos están a la altura de los requerimientos, necesidades y aspiraciones de sus votantes.

Por Sergio Cavicchioli