Una investigación reciente volvió a poner en el centro del debate el acceso a créditos de alto monto otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo libertario, en un contexto que genera cuestionamientos por su aparente contradicción con el discurso antiestatal del espacio.
Entre los nombres señalados aparece el de la diputada nacional por Chubut, Maira Frías, cercana al legislador César Treffinger. Según datos relevados a partir de registros del sistema financiero, la dirigente accedió en septiembre de 2025 a un préstamo superior a los 200 millones de pesos, cuando aún se desempeñaba en ANSES en Comodoro Rivadavia y ya era candidata.
Para comienzos de 2026, el monto adeudado habría superado los 230 millones de pesos, con una calificación de riesgo considerada baja. El volumen del crédito abrió interrogantes sobre los criterios de otorgamiento, especialmente tratándose de figuras que cuestionan el rol del Estado en la economía.
El caso no es aislado dentro de la provincia. También fue mencionado Emiliano José Mongilardi, actual director de YPF por Chubut, quien habría recibido un financiamiento superior a los 300 millones de pesos durante 2025.
A nivel nacional, la lista incluye a funcionarios del equipo económico que responde al ministro Luis Caputo. Entre ellos figuran Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, y Felipe Núñez, director del BICE, cuyos créditos combinados superan los 800 millones de pesos.
La situación generó repercusiones, no solo por los montos involucrados sino también por el contexto económico, marcado por restricciones en el acceso al crédito para gran parte de la población.
Además, otros nombres vinculados al oficialismo, como el funcionario presidencial Juan Pablo Carreira y legisladores nacionales, también figuran entre los beneficiarios de préstamos otorgados por la banca pública.
El eje de la controversia radica en la concentración de estos créditos en dirigentes del espacio gobernante, sumado a que provienen de una entidad estatal que el propio presidente Javier Milei ha planteado privatizar.
De este modo, el tema vuelve a instalar el debate sobre posibles privilegios y tensiones entre el discurso político y las prácticas concretas dentro del oficialismo.
