El fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Teodoro Nürnberg, brindó definiciones clave en Radio del Sur 97.1 tras conocerse las condenas en la causa conocida como «Las Casitas», que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el ámbito del Regimiento de Infantería 8.
Nürnberg remarcó que los hechos juzgados demuestran que «en Comodoro Rivadavia sí pasó lo mismo que en el resto del país», y subrayó que la represión ilegal comenzó incluso antes del golpe del 24 de marzo de 1976, amparada en los decretos de «aniquilamiento» firmados en enero de ese año.
«Ya estaban vigentes los decretos 2770 a 2772, que habilitaron estas actividades ilícitas antes del golpe», explicó.
La causa abarca 23 víctimas, muchas de ellas detenidas ilegalmente y sometidas a torturas por el solo hecho de pensar distinto, portar un libro o tener una imagen del Che Guevara. El primer caso documentado ocurrió el 19 de enero de 1976, cuando fueron detenidos Demetrio y Ledesma. «Fueron trasladados, torturados durante semanas y luego ocultados nuevamente. Demetrio quedó con graves secuelas físicas producto de la tortura y falleció joven», recordó el fiscal.
Nürnberg detalló que las prácticas represivas incluyeron picana eléctrica, submarino seco y mojado, golpes y privación de alimentos, y sostuvo que estos delitos no solo afectaron a las víctimas directas, sino también a sus familias y a toda la sociedad.
«Son delitos que ofenden a toda la humanidad, por eso se llaman delitos de lesa humanidad y por eso son imprescriptibles», afirmó.
En cuanto a las condenas, el fiscal confirmó que cinco de los siete imputados que llegaron a juicio fueron condenados, pertenecientes al Ejército, la Prefectura Naval y la Policía de Santa Cruz. Entre ellos se encuentra Pantalón Cruz, sargento del Ejército que integraba el Destacamento de Inteligencia 183, a quien el tribunal condenó a 11 años de prisión.
«Destacamos especialmente el rol de los destacamentos de inteligencia, que fueron parte central del plan represivo en todo el país», sostuvo Nürnberg.
El fiscal también explicó que muchos de los principales responsables no llegaron al juicio por haber fallecido o por incapacidad mental, lo que refleja las demoras históricas del proceso judicial. «Tuvieron que pasar casi 50 años por la dictadura, las leyes de obediencia debida y punto final, y recién después se pudo reabrir este camino judicial», señaló.
Uno de los puntos más relevantes del fallo, según Nürnberg, fue la orden del Tribunal Oral Federal de preservar los sitios de memoria ubicados en el predio del Regimiento 8, donde funcionaron las denominadas «casitas».
«Es muy importante que el tribunal haya dispuesto la preservación de estos lugares como sitios de memoria, para que quede claro que acá ocurrieron hechos de lesa humanidad», subrayó.
Finalmente, el fiscal aclaró que los condenados permanecen en libertad mientras se tramitan las instancias recursivas, y que recién con el doble conforme podría solicitarse su detención. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 23 de febrero, momento a partir del cual el Ministerio Público Fiscal evaluará los próximos pasos.
«Después de tantos años, que un tribunal declare estos hechos como delitos de lesa humanidad y ordene preservar los sitios de memoria es fundamental para la verdad, la justicia y la memoria colectiva», concluyó Nürnberg.
