La defensa de los condenados por el caso del temporal de 2017 llevó su apelación al Superior Tribunal de Justicia (STJ), buscando la anulación del juicio. En una entrevista con Radio del Sur 97.1, el abogado Guillermo Iglesias, defensor de Abel Bollero, aseguró haber salido con «la sensación de que nos han escuchado» de la audiencia ante los magistrados del máximo tribunal provincial.
Iglesias, quien representa a Bollero —uno de los condenados en doble instancia—, cuestionó duramente la validez de la sentencia que encontró culpables a los exfuncionarios.
El debate sobre el delito
El eje central de la defensa de Iglesias es que no existió una defraudación al Estado. Al ser consultado directamente sobre el perjuicio económico, el abogado fue categórico: «Planteado así, te digo que no. No hubo afectación» de fondos públicos.
Iglesias argumentó que lo que se tipificó como un delito de defraudación fue en realidad un «defecto en la registración de los trabajos». Explicó que la falta de previsión en la etapa inicial de la emergencia, sumada a la posterior creación de un «memorándum» que exigía requisitos (como que los operarios estuvieran en la nómina 931), generó inconsistencias en la documentación.
El letrado puso como ejemplo el hallazgo de «una máquina se usó en dos lugares a la misma vez» y señaló: «Si partimos de ejemplos que indican que una máquina se usó en en dos lugares a la misma vez y operarios, digamos, eso es difícil de sostener.» No obstante, insistió en que eso obedecía a un «error de documentación» y no a un esquema defraudatorio.
Críticas al proceso judicial
Iglesias criticó la forma en que el tribunal original analizó las pruebas, indicando que los jueces «obturaron los caminos racionales». Remarcó que el tribunal «dijo, ‘No me importa lo que pasó, lo que vos me vengas a decir. Yo tomo, por cierto, el esto'».
El defensor sostuvo que el éxito de una investigación requiere que el evento histórico coincida con la recopilación de la prueba: «La prueba tiene que ser fulminante» para condenar. Mencionó la ausencia de pericias contables o testimonios de damnificados como fallas del proceso: «Preguntame cuántos ciudadanos afectados por el temporal fueron al juicio declarar como testigos. Uno.»
Respecto a su defendido, Bollero, el abogado defendió que su rol en el Comité de Crisis no era controlar las máquinas, y que se le imputó una «conducta activa» cuando, en todo caso, la crítica debería recaer en una «cuestión de omisión».
El Superior Tribunal de Justicia, que escuchó los argumentos de la defensa, no tiene un plazo perentorio para expedirse, aunque el plazo «ordenatorio» ronda los diez días hábiles. Iglesias concluyó que su expectativa es que «triunfe la lógica, el sentido común y el derecho».
