La Secretaría de Minería de la Nación está trabajando en un nuevo decreto reglamentario para actualizar la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, vigente desde 1993. El objetivo central es simplificar procesos, reducir la discrecionalidad administrativa y mejorar la operatividad de los beneficios fiscales, en un intento por reactivar las inversiones en cobre, litio y oro.
El equipo a cargo de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras busca terminar con las inconsistencias históricas en la aplicación del régimen, que generaron demoras y criterios de interpretación confusos.
La revisión se centra en aspectos críticos como:
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Régimen de Importaciones y Devolución del IVA: Simplificar trámites y reducir la carga documental.
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Armonización de Criterios: Unificar la interpretación técnica con otros organismos del Estado.
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Eliminación de Discrecionalidad: Establecer reglas claras para poner fin a la incertidumbre.
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Simplificación de Trámites: Se revisaron formularios con más de 1.000 campos, depurando requisitos sin sustento jurídico para agilizar la ejecución del régimen.
Esta actualización cobra relevancia en paralelo con la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Aunque la Ley 24.196 –que ofrece estabilidad fiscal por 30 años y beneficios impositivos– seguirá vigente, el Gobierno está definiendo los parámetros para que los beneficios de ambos regímenes no se superpongan ni sean de la misma naturaleza.
Fuentes de la Secretaría señalan que la 24.196 seguirá siendo crucial para los proyectos pequeños y medianos que no reúnan los requisitos para acceder al RIGI, asegurando un marco de incentivo para toda la industria minera más allá del alcance temporal del nuevo régimen.
Este proceso regulatorio se desarrolla a la par de la discusión legislativa por la modificación de la Ley de Glaciares, consolidando un paquete de medidas que busca destrabar y priorizar la inversión en el sector minero.
(Información: ADNsur)
