En diálogo con Radio del Sur 97.1, la abogada Vanesa Vera explicó que, junto al defensor Alejandro Varas, solicitaron la revisión de la decisión del juez Alejandro Soñís, quien rechazó el pedido de una nueva pericia médica para analizar las discrepancias surgidas entre los informes incorporados al expediente.
La defensa de Mariela Altamirano, imputada junto a su pareja por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, volvió a cuestionar aspectos centrales de la investigación y ratificó su pedido para que intervenga el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según detalló la letrada, la solicitud se fundamenta en diferencias entre el dictamen presentado por un médico forense de la defensa y las conclusiones del Cuerpo Interdisciplinario Forense de Chubut.
«Frente a dictámenes contradictorios o dubitativos, el Código Procesal habilita la posibilidad de una nueva pericia. Por eso pedimos la intervención de un tercer cuerpo médico independiente que pueda analizar la situación», sostuvo Vera.
La defensora explicó que el pedido fue rechazado por el magistrado sobre la base de argumentos planteados por la querella y la fiscalía, que consideran que la intervención del cuerpo forense de la Corte Suprema no corresponde en causas provinciales y que las contradicciones deben darse entre pericias oficiales.
Sin embargo, Vera cuestionó esa interpretación. «El Código no establece que los dictámenes contradictorios tengan que ser necesariamente oficiales. Esa es una interpretación que entendemos incorrecta y que resulta desfavorable para los imputados», afirmó.
Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las lesiones detectadas en el cuero cabelludo del niño y la causa de su fallecimiento.
La autopsia y los informes posteriores concluyeron que la muerte se produjo por una enfermedad respiratoria previa en concomitancia con traumatismos en la cabeza. No obstante, la defensa sostiene que existen elementos que requieren una revisión más profunda.
«Es importante determinar con claridad si esas infiltraciones observadas corresponden efectivamente a golpes o si pueden estar relacionadas con procedimientos médicos realizados durante la internación», señaló la abogada.
Vera también cuestionó la rapidez con la que, a su criterio, se construyó la hipótesis acusatoria.
«Nosotros sostenemos desde el primer día que el Ministerio Público Fiscal se apresuró al atribuir la causa de muerte a golpes. Había que esperar los resultados completos de los estudios histopatológicos», expresó.
La letrada remarcó que la defensa busca una determinación precisa de las circunstancias que rodearon la muerte del menor y consideró fundamental despejar cualquier duda sobre la causa eficiente del fallecimiento.
«Necesitamos un proceso justo, con un hecho claramente determinado y con una causa de muerte establecida de manera inequívoca. Es esencial para garantizar el derecho de defensa de nuestros asistidos», manifestó.
En ese sentido, insistió en la necesidad de contar con una opinión externa e imparcial. «Seguimos insistiendo con la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte porque es el organismo que puede garantizar una imparcialidad total», afirmó.
La resolución del planteo será analizada por un tribunal integrado por dos jueces, que deberá revisar la decisión adoptada por Soñís durante la etapa de investigación.
Por último, Vera destacó que más allá de la trascendencia pública del caso, la prioridad de la defensa es que la investigación avance sobre bases sólidas y con absoluta claridad respecto de los hechos que se imputan.
«Más allá del impacto social que tiene este caso, la importancia está en determinar de manera concreta el hecho investigado. Eso hace al derecho de defensa de cualquier persona sometida a un proceso penal», concluyó.
