l fiscal Julio Puentes ratificó su solicitud de mantener la condena de 22 años de prisión contra el policía Simón Cruz, hallado culpable de ser el autor del disparo que le costó la vida al joven Lautaro Labbe en 2023. La Fiscalía rechazó enfáticamente el argumento de la defensa del agente, que había solicitado una reducción de la pena a 10 años y 8 meses, basándose en una supuesta «formación deficiente» recibida durante la pandemia de COVID-19.
En diálogo con Actualidad 2.0, Puentes calificó el planteo de la defensa como «inadmisible», sosteniendo que la instrucción recibida por Cruz en 2020 fue «general, igual para todos los cursantes de la Escuela de Policía de Chubut».
«No es argumento para justificar que haya disparado a una persona desarmada y por la espalda», sentenció el fiscal. Puentes recordó que, aunque pudo haber menos práctica de tiro debido a la emergencia sanitaria, el crimen ocurrió «dos años y medio después de haber egresado», tiempo en el que Cruz tuvo la obligación de perfeccionarse por cuenta propia.
Agravantes: Mentiras y Alteración de la Escena
El fiscal sostuvo que en el caso existen más agravantes que atenuantes. Subrayó que la formación de Cruz incluyó una capacitación «casi terciaria» en materia de derecho y resolución de conflictos, lo cual debería haberle dado herramientas para evitar el desenlace fatal, configurándose así como un agravante para el hecho.
Sin embargo, el punto más firme de la fiscalía se centró en la conducta posterior al crimen. Puentes detalló que durante el juicio quedó demostrado que el policía modificó la escena y alteró su propio relato en múltiples ocasiones:
- Versiones contradictorias: Cruz declaró hasta en cuatro oportunidades, cambiando su relato. Primero habló de un disparo accidental con la víctima rendida, luego de un forcejeo y una caída.
- Obstrucción a la justicia: El agente movió el cuerpo, cortó la capucha de la víctima (lo que impidió pericias clave sobre la distancia del disparo) e hizo desaparecer la vaina del proyectil.
Estos actos de ocultamiento y modificación de pruebas refuerzan la postura de la Fiscalía para sostener la pena original de 22 años, considerando que la actuación de Cruz excedió el error o la imprudencia, evidenciando una conducta dolosa posterior al crimen.
