El Gobierno nacional oficializó un nuevo ajuste en los impuestos a los combustibles líquidos que comenzará a regir el 1° de septiembre de 2025. La medida, establecida mediante el Decreto 617/2025 y firmada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, forma parte del esquema de actualizaciones impositivas que habían sido postergadas en períodos anteriores.
Con este incremento, se verán afectados los precios finales de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, ya que se aplicará una carga tributaria ajustada por inflación, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Aumentos escalonados para evitar un impacto mayor
El Gobierno resolvió implementar los incrementos en dos etapas: una primera actualización en septiembre y una segunda, plena, a partir de octubre. El objetivo oficial es atenuar el impacto inmediato en surtidores y, al mismo tiempo, sostener un sendero fiscal ordenado que permita cumplir con las metas de recaudación sin presionar aún más sobre la inflación.
El esquema tiene especial incidencia en el transporte de cargas, que depende del gasoil. En este caso, además del monto fijo, se aplicará un adicional diferencial por región, con particular impacto en la Patagonia.
Los nuevos valores impositivos
- Nafta sin plomo y nafta virgen: el impuesto se actualizará a $10,523 por litro.
- Gasoil: el tributo será de $8,577 por litro, más un adicional de $4,644 por la carga diferencial, lo que eleva de manera significativa el monto final.
- Impuesto al dióxido de carbono: se actualizará a $0,645 por litro en las naftas y a $0,978 por litro en el gasoil.
Contexto de la medida
El sistema de actualización de impuestos a los combustibles, creado por la Ley 23.966 y reglamentado en 2018, prevé ajustes trimestrales según la inflación. Sin embargo, durante los últimos años se aplicaron sucesivas postergaciones mediante distintos decretos, lo que generó acumulación de aumentos.
Con el nuevo decreto, el Gobierno busca eliminar definitivamente esas prórrogas y aplicar los incrementos pendientes desde 2024 y la primera parte de 2025, para recomponer la recaudación sin abandonar la política de actualización fiscal.
Si bien la medida apunta a dar previsibilidad y reforzar las cuentas públicas, implicará un aumento inevitable en los precios al consumidor, que impactará tanto en el bolsillo de los usuarios como en los costos logísticos y productivos en todo el país.
