En diálogo con Radio del Sur 97.1, Emiliano Chialva, asesor general de gobierno, abordó la problemática de la sobrepoblación administrativa en el estado provincial y las medidas que se están implementando para ordenar y modernizar la administración pública.
Chialva explicó que la iniciativa del gobierno de reducir la cantidad de empleados públicos o las horas de trabajo responde a una situación de larga data. «La gente que está en el estado hace años sabe que hay una sobrepoblación administrativa, aunque no todas las áreas, pero la mayoría tienen una sobrepoblación», afirmó.
Esta situación, según el funcionario, es consecuencia de «muchos años de una política de ingreso al estado que no era coherente con el servicio que había de prestar, sino básicamente para cubrir tal vez falta de empleo en otros lugares, en el sector privado, etcétera».
Un censo realizado en el poder ejecutivo reveló una cifra de 42.000 empleados, un número «muy elevado» que no incluye al poder judicial ni al legislativo. Chialva señaló que, si se sumaran estos poderes, el total «superaría los 45.000 empleados tranquilamente». Aunque este número ha descendido gracias al control de ingresos y la implementación de concursos, la sobrepoblación sigue siendo un desafío.
Para abordar esta situación, el gobierno ha propuesto dos medidas principales: la abstención del débito laboral y el retiro voluntario.
Abstención del Débito Laboral
Esta medida permite a los empleados públicos abstenerse de prestar servicios por un período de hasta cinco años, cobrando el 60% de su salario y manteniendo los aportes jubilatorios.
Chialva aclaró que «no es el que quiere, es el que pide anotarse y se analiza que su tarea no tiene una necesidad que puede permitir que acceda a este beneficio». Además, enfatizó que «no se le va a otorgar a personas que hay que reemplazarlas, pues no tendría ningún sentido, ni tampoco se va a otorgar a personas que son necesarias».
Retiro Voluntario
Esta opción implica la baja definitiva del empleado público a cambio de una indemnización equivalente a un sueldo por año de servicio. «La persona se baja del estado y no percibe nada, salvo la indemnización que es un sueldo por año trabajado», explicó Chialva. Un aspecto crucial de esta medida es que «los cargos se desarman», lo que significa que no se vuelven a ocupar, a diferencia de lo que ocurrió en gestiones anteriores.
El asesor general de gobierno destacó que estas medidas buscan «disminuir la población administrativa ociosa o que sobra» y generar un ahorro fiscal. Sin embargo, reconoció que no hay un número preestablecido de reducción, ya que depende de la cantidad de personas que se adhieran a los beneficios.
Impacto en el Presupuesto Provincial
Por otro lado, también abordó la situación financiera de la provincia. La tasa de rigidez del gasto, que mide la incidencia del gasto en personal sobre los ingresos corrientes, aumentó del 59% en el segundo trimestre de 2024 al 77% en el mismo período de 2025. Chialva atribuyó este incremento a la baja recaudación nacional y la disminución de ingresos provinciales, que se vieron afectados por una recesión previa a las elecciones.
«Históricamente fue un número que superaba el 90% de los ingresos. Nosotros habíamos logrado bajarlo y ahora subió por esta baja de ingresos», afirmó sobre el porcentaje de ingresos comprometido con la masa salarial.
A pesar de la compleja situación, Chialva se mostró optimista respecto a una recuperación económica y la efectividad de las medidas implementadas. «Estamos haciendo todos los deberes para tener un control presupuestario coherente», aseguró, con el objetivo de evitar situaciones como el desdoblamiento de sueldos que han experimentado otras provincias.
