El Ejecutivo Nacional avanza con la quita de subsidios energéticos. La medida, que impacta en el segmento de ingresos altos (Nivel 1), busca transparentar las tarifas y reducir el gasto público.
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, ha dado un nuevo paso en su política de racionalización de subsidios a los servicios de energía eléctrica y gas natural. La medida más reciente confirma la exclusión de más de 2.800 hogares ubicados en barrios privados, cerrados y countries de todo el país, que a partir de este mes dejarán de recibir la asistencia estatal en sus tarifas.
Esta decisión impacta directamente en usuarios identificados dentro del Nivel 1 (N1) de altos ingresos, que según la segmentación tarifaria vigente, no cumplen con los requisitos socioeconómicos para acceder al precio subsidiado de la energía.
Detalles de la aplicación de la medida
La quita de subsidios se hizo efectiva luego de un cruzamiento de datos entre el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y la información catastral y de consumo. La Secretaría de Energía determinó que, independientemente de lo declarado en el RASE, la ubicación de estos domicilios en zonas de alto valor inmobiliario y su alto nivel de consumo justifican su inclusión en el segmento que debe pagar el costo pleno de la energía.
El objetivo principal de la gestión es asegurar que el beneficio de los subsidios se concentre exclusivamente en los usuarios de ingresos bajos y medios que realmente lo necesitan (N2 y N3), mientras se avanza en la meta de déficit fiscal cero para el Tesoro Nacional.
Impacto en las facturas
La eliminación del subsidio implica que los más de 2.800 hogares afectados comenzarán a recibir facturas donde el componente de la energía se calculará a precio de costo, sin la cobertura estatal. Este cambio podría generar un incremento significativo en sus boletas de luz y gas, especialmente en los meses de mayor consumo.
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que esta es la primera de una serie de revisiones que se harán para «depurar» el padrón de beneficiarios y garantizar la equidad en el reparto de la ayuda social.
