Por apenas un voto, el Senado rechazó el proyecto de ley de Ficha Limpia, que proponía impedir que personas con condena judicial confirmada en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan postularse a cargos electivos. La iniciativa obtuvo 36 votos a favor, uno menos de los 37 necesarios para la mayoría absoluta.
El revés legislativo implica que figuras como Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en segunda instancia, continúan habilitadas para competir electoralmente, en caso de decidir una postulación nacional o provincial.
La sesión fue menos tensa de lo previsto y tuvo su giro inesperado al final, cuando los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se alinearon con el kirchnerismo, inclinando la balanza.
El proyecto abarcaba una amplia gama de delitos: cohecho, malversación, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y otros actos dolosos contra el Estado. A pesar del consenso que generó en buena parte de la oposición y el oficialismo libertario, sectores del peronismo lo cuestionaron, señalando que no se puede inhabilitar a un candidato hasta agotar todas las instancias judiciales.
Durante el debate, hubo fuertes cruces. La radical Mariana Juri lamentó que «tengamos que legislar lo obvio: que una persona condenada no pueda ser candidata». Por su parte, el libertario Bruno Olivera denunció que el proyecto «chocó con maniobras políticas para frenarlo» y la macrista Guadalupe Tagliaferri subrayó que «no es una bandera partidaria, sino una demanda ciudadana».
Desde el Frente de Todos, senadoras como Florencia López y Juliana Di Tullio denunciaron una supuesta intención de proscripción hacia Cristina Kirchner y acusaron a la justicia de estar parcializada. El jefe del bloque oficialista, José Mayans, fue más directo: «¿De verdad creen que esto va a terminar con la corrupción?».
Con este resultado, el proyecto vuelve a foja cero, aunque varios senadores adelantaron que insistirán con versiones más amplias o restrictivas. Por ahora, la posibilidad de inhabilitar candidatos condenados en segunda instancia sigue sin respaldo parlamentario.
