La Secretaría de Energía envió a última hora de jueves 30 de Septiembre una nota a Cammesa en la que la exhorta a anular contratos con armadores de buques alijadores de combustible que habían sido firmados hace apenas unos días. La licitación cancelada implicaba un ahorro para el Estado de casi US$ 55 millones en el costo logístico. Con una decisión insólita que favorece fundamentalmente a la empresa Maruba, el ala cristinista de Energía ordenó cancelar el proceso a pocas horas de que entre en vigencia
No hay antecedentes de algo así, sostiene el sitio web «Econojournal». Cuatro horas antes de que entren en vigencia, sobre las ocho de la noche del jueves 30 de Septiembre, la Secretaría de Energía anuló de manera intempestiva los contratos de transporte de combustibles para centrales eléctricas que se habían firmado hace apenas unos días. Con un agravante: esos contratos, que debían empezar a regir desde hoy 1º de octubre, iban a reportarle al Estado un ahorro millonario en los costos de generación de energía, a raíz de la baja del valor del flete fluvial y marítimo de gasoil que consumen las usinas.
La decisión afecta a dos empresas: Antares y Horamar, que habían sido los grandes ganadores de la compulsa ahora desafectada. Y favorece en especial a Maruba, la empresa históricamente asociada al SOMU, el gremio que condujo durante años Omar ‘Caballo’ Suárez, que en la compulsa había perdido dos líneas de servicio, y también a las empresas armadoras Bahía Grande, vinculada al empresario cordobés Horacio Miró, y National Shipping.
Pérdida de credibilidad
La anulación del concurso no hace más que detonar la autoridad de los actores involucrados en el proceso en representación del Estado. Hace apenas 48 horas un colaborador directo de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y principal referente de La Cámpora en la materia, destacó a este medio que los nuevos contratos de servicios de logística de combustibles para el parque termoeléctrico iban a significar una reducción de los subsidios que paga el Tesoro por US$ 54,35 millones en el período 2021-2024. “Conforme el resultado de la convocatoria se estima una reducción de 10,79% (US$ 13,49 millones por año) en el costo total de contratación respecto de la tarifa actual”, detalló el martes de esta semana.
La licitación para contratar buques tanque para la flota de alijadores que maneja Cammesa ya había sido aprobaba por el Directorio de la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En ese espacio tienen representación tanto Basualdo como el secretario de Energía, Darío Martínez. Sin embargo, ayer a última hora el funcionario neuquino envió una nota a Cammesa en la que ordena que la licitación en cuestión quede sin efecto.
La justificación
“Si bien en la compulsa referenciada se continúa por el sendero de baja de costos de fletes navales, es para esta Secretaría necesario profundizar en acciones y procesos que redunden en una disminución en general de los costos operativos de Cammesa, y del costo fiscal asociado, valorando y protegiendo siempre el esfuerzo de los trabajadores. En tal sentido, corresponde instruir a Cammesa a que procure un nuevo proceso competitivo a fin de obtener mejores condiciones económicas para la prestación del servicio de transporte marítimo y fluvial de gasoil y fueloil para el abastecimiento de centrales térmicas del MEM. Por ello, se instruye a Cammesa a dejar sin efecto la convocatoria de la referencia”.
La desprolijidad en lo formal es de sentido común: la Secretaría de Energía canceló contratos a horas de que entren en vigencia. De hecho, los barcos de Antares y Horamar ya estaban navegando hacia las terminales de carga de combustibles dispuesto por Cammesa para comenzar a operar a partir de las 7 AM del día viernes 1° de Octubre. Un directivo de esas empresas admitió que en el transcurso de las próximas horas analizarán el tema con abogados para evaluar acciones legales contra el Estado por los daños y perjuicios ocasionados.
Inentendible
Si los tiempos de anulación son llamativos, la decisión de extender los contratos vigentes por 60 días —tal como está estipulado en la nota de Martínez a Cammesa— directamente es incomprensible. ¿Para qué extender contratos que incluyen costos logísticos más caros que los que habían surgido de la licitación?
¿De cuánto? Allegados a Basualdo cuantificaron que los nuevos contratos implicaban un ahorro para el Estado de casi US$ 13,5 millones por año. Al extender los anterior por dos meses y sobre la base de que una nueva licitación demandará, como mínimo, un mes más, la decisión de los autoridades de Energía provocará que el Tesoro pierda, en el mejor de los casos, unos US$3,5 millones de manera inentendible.
