El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, a través de un decreto publicado en el primer Boletín Oficial del año. Ambas iniciativas habían sido sancionadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.
El Presupuesto 2026 establece un total de gastos por $148 billones y prevé un superávit primario equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). El texto proyecta además una inflación anual del 10,1%, un tipo de cambio oficial de $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento económico estimado del 5%.
Según lo dispuesto, la mayor parte de los recursos estará destinada a servicios sociales, con una asignación de $106,5 billones. En segundo lugar se ubican los pagos de la deuda pública, que demandarán $14,1 billones, y los servicios económicos, con $11,4 billones. Asimismo, se ratifican las restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública nacional, con excepción de áreas consideradas esenciales como Salud, Seguridad y Defensa.
Entre los principales parámetros del Presupuesto 2026 se incluyen un crecimiento del PBI del 5%, un aumento de las exportaciones del 10,6%, un superávit financiero del 0,2% y una asignación de $4,8 billones para universidades nacionales. También se contemplan incrementos del gasto en jubilaciones del 5%, en Salud del 17% y en Educación del 8%.
Se trata del primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión del presidente Javier Milei, luego de dos años consecutivos en los que el Poder Ejecutivo administró con presupuestos prorrogados.
En paralelo, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, una norma orientada a promover la incorporación al sistema formal de dólares ahorrados fuera del circuito financiero. La ley se basa en el principio de presunción de cumplimiento por parte del contribuyente, hasta que se demuestre lo contrario.
La normativa permite utilizar ahorros por hasta $100 millones sin la aplicación de sanciones, aunque excluye a quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes. El texto aclara que no se eliminan impuestos, no se borran antecedentes fiscales ni se introducen modificaciones a la legislación antilavado ni a las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El objetivo central de la ley es incentivar la bancarización de dólares no declarados y acompañar la estrategia económica definida por el Poder Ejecutivo para el año 2026.
