La decisión fue adoptada luego de encuentro que sostuvieron hoy los seis Ministros y que se prolongó por el lapso de más de dos horas.
Luego de las fuertes y sostenidas críticas que recibieron los conductores del Poder Judicial de la provincia por haberse aumentado sus ingresos personales, los magistrados decidieron en forma unánime dejar sin efecto la acordada mediante la cual se establecieron incrementos en sus ingresos con porcentajes diferenciales de acuerdo a la responsabilidad que ejercen en cada una de sus funciones.
Al mismo tiempo, en la mencionada reunión también se estableció que mañana martes 17 de junio, se emitirán las respuestas al pedido de informes que formuló la Asociación de Magistrados.
La aludida acordada es la Nº 5412/2025, fechada el pasado 18 de mayo del corriente año a través de la cual se determinó para «los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Defensor General y Procurador General un adicional del 20% sobre el total de las remuneraciones, excluido el rubro antigüedad, para atender las erogaciones propias de su investidura…».
Adicionalmente, la mencionada norma también estableció para los Ministros que ejerzan la Presidencia del cuerpo un adicional del 30% sobre el total de las erogaciones y un 15% para los Ministros que ejerzan la Vicepresidencia 1ª y 2ª, excluido también el rubro antigüedad.
La medida adoptada por los responsables de la conducción del Poder Judicial provincial despertó una enorme cantidad de críticas que surgieron desde distintos estamentos de la sociedad. Entre ellos, el cuestionamiento más severo provino de las mismas filas del Poder Judicial.
Fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH) los que alzaron la voz al sostener que dicha acordada no solo violaba el marco legal existente, sino que, al mismo tiempo, conspiraba contra la legitimidad en la que deben descansar todas las decisiones adoptadas por el Máximo Tribunal.
A ese cuestionamiento se sumaron luego los expresados -en ese mismo sentido- por los Colegios de Abogados de las ciudades de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
Los trabajadores judiciales agremiados en el SITRAJUCH también formaron parte de la crítica llegando al punto de paralizar en forma total la actividad judicial en toda la provincia durante tres días consecutivos. Los argumentos sindicales alcanzaron, además, el reclamo por los aumentos salariales que ya habían sido acordados en 2024 y todavía resta que se efectivicen.
La semana pasada se conoció mediante un comunicado de prensa de la Asociación de Magistrados la decisión de solicitar la realización de un juicio político al Presidente del STJ, Javier Raidan, la presentación de una denuncia penal contra todos los integrantes del Cuerpo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, junto con el inicio de un juicio ejecutivo para que se materialicen los aumentos de sueldos ya acordados y la presentación de una acción de amparo ante la negativa del STJ de responder a los distintos pedidos de informes formulados por dicha Asociación.
Con el correr de los días, la cuestión de privilegios de los Ministros del Superior adquirió una dimensión que superó holgadamente los límites propios del Poder Judicial.
Las observaciones provinieron de distintos referentes del arco político provincial pero la más significativa fue la que pronunció el Gobernador de la Provincia, Ignacio Torres, cuando destacó que «no hay lugar en Chubut para privilegios de esas características».
En la jornada de ayer lunes, se hizo pública la decisión del Procurador General, Jorge Miquelarena, y del Defensor General, Sebastián Daroca, de renunciar a la percepción de dichos aumentos, sin que mediaran explicaciones que justificaran tal cambio de comportamiento.
Lo propio hicieron en la tarde hoy los seis Ministros del Superior Tribunal de Justicia. Si bien se esperaba una medida de estas características, lo cierto es que no es poco el daño que sufrió la imagen y credibilidad de los conductores del Poder Judicial del Chubut.
Ahora resta cuantificar ese control de daños y analizar cómo se restituye esa credibilidad perdida. Mientras tanto, el pleno de Ministros junto al Gobernador, su gabinete y representantes del Poder Legislativo se aprestan a inaugurar una de las obras más esperadas para la comunidad judicial de Comodoro Rivadavia como lo es la «Ciudad Judicial» que llevará el nombre de «Marcelo Guinle». El acontecimiento esta previsto para el próximo 26 del corriente.
Es una buena oportunidad para volver a reestablecer el vinculo entre la justicia y la ciudadanía, preservando dicha relación con el mismo celo, responsabilidad republicana y profesionalidad con que se respeta la ley.
Por Sergio Cavicchioli
