En diálogo con Radio del Sur 97.1, el secretario gremial de ADU, Juan Pablo Simonetti, explicó que el conflicto se enmarca en un reclamo nacional vinculado al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La Asociación de Docentes Universitarios (ADU) lleva adelante medidas de fuerza en todas las sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en reclamo por la falta de financiamiento y el deterioro de las condiciones laborales.
«Lo que estamos pidiendo es simplemente que se cumpla la ley de financiamiento educativo universitario, votada dos veces por el Congreso», sostuvo, y cuestionó al Gobierno nacional al señalar que «cuando hay una ley que no le gusta, no la aplica».
En cuanto al impacto concreto en el sistema universitario, Simonetti fue contundente: «El salario se nos desplomó un 50%, así de corto», afirmó. Además, advirtió que la falta de presupuesto ya genera consecuencias directas en el funcionamiento cotidiano: «Los proyectos de investigación ya no están siendo financiados; solo van a salir los que no requieran fondos».
El dirigente también describió dificultades en aspectos básicos de infraestructura y recursos.
«No hay plata para cosas mínimas, como cambiar un cañón o comprar insumos. Muchas veces tenemos que poner plata de nuestro bolsillo», señaló.
Las medidas de fuerza incluyen paro y asambleas durante tres días consecutivos en todas las sedes de la universidad en la región. Según indicó Simonetti, el reclamo no es aislado, sino que se articula con otras universidades del país a través del Consejo Interuniversitario Nacional.
«Esto no es solo un problema local. Las universidades están dentro de una negociación más amplia, pero somos una universidad pequeña y no podemos resolverlo solos», explicó.
Por último, remarcó que la situación excede lo salarial e impacta en el desarrollo académico y científico: «La ley contempla una integralidad, no solo salarios, también infraestructura, investigación y acceso a bibliografía. Todo eso hoy está en riesgo».
Mientras continúan las negociaciones a nivel nacional, el conflicto universitario suma tensión en la región y mantiene en alerta a la comunidad educativa.
