El incendio que devasta el Parque Nacional Los Alerces sumó un componente de escándalo que ya se encuentra bajo investigación de la Justicia Federal. La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva formalizó una denuncia penal contra los responsables operativos del área, alegando que la respuesta inicial ante los primeros focos fue deliberadamente ineficiente o gravemente negligente debido a internas personales.
Juan Zuoza, presidente de la entidad, afirmó que existía la capacidad técnica y material para realizar un «ataque temprano» que hubiera limitado el siniestro, pero que las decisiones administrativas tomadas en las horas críticas fueron erróneas. Según la denuncia, el incendio ya ha afectado una superficie superior a las 45 mil hectáreas de vegetación nativa y especies milenarias.
Una relación personal en el centro de la polémica
El punto más grave de la presentación judicial señala que la falta de coordinación se originó en un conflicto afectivo. Zuoza manifestó que el Jefe de la Brigada de Incendios y la Jefa de Guardaparques mantuvieron una relación sentimental en el pasado que no terminó en buenos términos.
Esta situación habría provocado una desconexión fatal en la estrategia de combate. «Como no tienen una buena relación, no prestan colaboración entre las áreas. Eso llevó a que un cuerpo de guardaparques que estaban preparados para combatir el incendio no fueran convocados en el ataque inicial», denunció el dirigente. La acusación sostiene que se priorizaron las diferencias personales por sobre la responsabilidad pública de proteger el ecosistema.
Consecuencias y medidas judiciales
La denuncia solicita investigar los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia grave. Los pobladores subrayan que el daño ambiental es irreparable y que la tensión interna en la administración de Parques Nacionales sentenció a miles de hectáreas de bosque protegido.
Hasta el momento, las autoridades de Parques Nacionales no han emitido un descargo oficial sobre la situación de sus jefes de área, aunque se reconoce un clima de máxima tensión institucional. Por su parte, la Justicia Federal requerirá:
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Los libros de guardia de la institución.
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Las grabaciones de las comunicaciones por radio durante el inicio de la emergencia.
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Los registros de personal para verificar si efectivamente se omitió convocar a brigadistas disponibles.
De comprobarse los hechos, la causa podría derivar en el desplazamiento de los cargos y condenas penales por el perjuicio ocasionado al patrimonio natural de la Nación.
Fuente: ADN Sur
