El fiscal federal Teodoro Nümberg dialogó con Radio del Sur 97.1, y brindó detalles sobre el avance del juicio por delitos de lesa humanidad vinculados al circuito represivo que funcionó en Comodoro Rivadavia durante la última dictadura militar.
El caso conocido como «Las Casitas» —ubicado en el barrio R.I.8— forma parte de una estructura represiva mucho más amplia de la subzona 53, dependiente del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca.
Una red represiva planificada y coordinada
Nümberg explicó que en la región operó un entramado militar y policial completamente organizado:
«No es que existió un solo centro clandestino de detención: existieron varios. Todo estaba reglamentado por decretos y normas militares; no era algo improvisado».
Según el fiscal, en Comodoro y el norte de Santa Cruz actuaban de manera coordinada el Ejército, la Policía Federal, Prefectura Naval y fuerzas policiales provinciales. Todas dependían del Comando de la Subzona 53.
Más allá de «Las Casitas»: nuevos espacios identificados
Durante el juicio aparecieron pruebas que ampliaron el escenario represivo dentro del histórico Fortín Chacabuco. Nümberg reveló que documentos militares incorporados al expediente indican que se cedió un edificio al destacamento de inteligencia, clave en la operatoria clandestina:
«Entendemos que había otro lugar dentro del Fortín Chacabuco destinado al jefe de inteligencia, compatible con los relatos de las víctimas sobre dónde eran sometidos a interrogatorios ilegales».
Esta nueva evidencia coincide con una denuncia presentada en 1984 por el médico conscripto Marco del Pont, quien indicó que a unos 1500 metros de la enfermería del Batallón Logístico 9 había un espacio donde se mantenía a detenidos políticos.
El circuito del secuestro y las torturas
El fiscal describió el mecanismo utilizado por las fuerzas represivas para secuestrar personas no solo en Comodoro, sino también en Santa Cruz y Rawson.
«Ese lugar, el Fortín Chacabuco, era la unidad militar a la que eran llevadas todas las personas detenidas por órdenes del Comando de la Subzona 53».
Desde allí, muchas víctimas fueron trasladadas a la U-15 de Río Gallegos o al Penal de Rawson, y luego regresadas para nuevos interrogatorios. Nümberg recordó el caso de Guillermo Silveira, detenido en Comodoro y posteriormente desaparecido.
También confirmó otras sedes donde se aplicaron torturas:
«No solamente fue el Regimiento o el Batallón. También fue la sede de la Policía Federal en Rivadavia y Chacabuco, y la Prefectura Naval Argentina, donde se torturó gente».
El juicio y los imputados
La causa llegó al debate con siete imputados, aunque finalmente quedaron seis —la fiscalía pidió la absolución de uno de ellos—, pertenecientes al Ejército, Prefectura Naval y fuerzas de seguridad. Algunos residen en Comodoro y otros en Buenos Aires, pero no serán trasladados para las audiencias.
Los cargos incluyen múltiples hechos de torturas, vejámenes, privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados. El fiscal enfatizó:
«Estos son delitos de lesa humanidad. No prescriben».
La sentencia del Tribunal Oral Federal está prevista para el 16 de diciembre.
La importancia histórica del proceso
Nümberg destacó que este juicio no solo busca responsabilidades penales, sino también reconstruir y visibilizar lo ocurrido:
«En Comodoro Rivadavia también pasó esto, y quizá mucho más duramente de lo que muchos creen. Por eso nuestra consigna fue: en Comodoro Rivadavia, tampoco nunca más».
El fiscal también valoró el trabajo del Tribunal y de su propio equipo, y alentó a la comunidad a visitar la muestra fotográfica del Archivo Hasenberg-Quaretti, actualmente expuesta en el Ceptur, por su aporte a la memoria colectiva.
El caso «Las Casitas» continúa revelando capítulos silenciados durante décadas y se convirtió en un proceso clave para entender la dimensión del terrorismo de Estado en el sur argentino.
