En plena emergencia ígnea en la Patagonia, el anuncio del Gobierno Nacional sobre una millonaria transferencia para los cuarteles de bomberos generó más ruido que alivio. Lejos de agradecer una «partida excepcional», la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios emitió un comunicado técnico para desarticular el relato oficial: lo que se promociona como un gran desembolso es, en realidad, la regularización de deudas pasadas y fondos que por ley le pertenecen al sistema.
Ni ayuda extra, ni decisión política
La Federación fue tajante al explicar que los recursos no son un «bono» por los incendios actuales. El dinero proviene de la Ley Nacional N.° 25.054, que establece que el sistema se financia con el 5% de las primas de seguros de automotores y viviendas.
«Es dinero aportado por la población a través de sus pólizas; el Estado actúa solo como administrador y agente de reparto», aclararon, quitándole el carácter de «subsidio discrecional» que intentó darle el Ejecutivo.
El desglose de una deuda pendiente
La «cifra récord» de 100.000 millones de pesos tiene una explicación menos épica cuando se analiza técnicamente:
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Deudas de 2025: Durante el año pasado, el Estado no envió la totalidad de los giros previstos, dejando a los cuarteles en un «bache» financiero crítico frente a la inflación y los insumos en dólares.
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Cuota 2026: El monto actual apenas contempla el primer pago del ejercicio presente.
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Reparto igualitario: Con más de 1.000 cuarteles en el país, cada asociación recibe unos 95 millones de pesos. Esto significa que un cuartel en plena zona de desastre, como Esquel o El Hoyo, recibe lo mismo que cualquier otro, sin importar su nivel de operatividad frente al fuego.
La urgencia de la previsibilidad
Para los bomberos, el problema no es solo cuánto llega, sino cuándo. El retraso del 2025 obligó a las instituciones a enfrentar la temporada de incendios con recursos limitados. El dinero recibido ahora tiene destinos rígidos y auditables: compra de equipo autónomo, indumentaria ignífuga, mantenimiento de unidades y tecnología.
«La operatividad de los bomberos no puede depender de una decisión política momentánea ante una tragedia, sino de una estructura legal que debe cumplirse de manera ininterrumpida», sentenciaron desde la Federación. En una Patagonia bajo alerta máxima por la sequía, los brigadistas insisten en que la normalización de los pagos es la única garantía para que, cuando suene la sirena, el equipo esté listo para salir.
