La Justicia federal profundizó la investigación en torno a los vuelos privados utilizados por el funcionario Manuel Adorni y dispuso nuevas medidas para esclarecer el origen de los fondos y posibles irregularidades.
Las actuaciones fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo, a partir de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de reunir documentación vinculada a los viajes realizados entre Buenos Aires y Punta del Este durante el último feriado de Carnaval.
En ese marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante allanamientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A., donde se buscó información contable, bancaria y comercial relacionada con los traslados investigados.
La causa intenta determinar quién financió los vuelos y si existieron irregularidades, bajo la sospecha de posibles delitos como malversación de fondos o recepción de dádivas por parte de funcionarios públicos.
Además, el expediente se amplió para incluir otros viajes que podrían estar vinculados, mientras se analizan registros de facturación, movimientos económicos y nuevas pruebas incorporadas a la causa.
En paralelo, también se sumaron testimonios que podrían comprometer la situación del funcionario, en un contexto marcado por versiones contrapuestas sobre el financiamiento de los vuelos.
El avance de la investigación suma tensión en el ámbito político, en un caso que pone bajo la lupa el uso de servicios privados y su posible vinculación con recursos o beneficios indebidos dentro de la función pública.
