La Legislatura de Chubut tuvo una jornada clave este jueves, aprobando no solo la prórroga del período ordinario de sesiones hasta el 31 de diciembre y una nueva sesión para el 18 de diciembre, sino también dos leyes fundamentales que marcan un hito en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia.
Por unanimidad, los diputados sancionaron una nueva Ley de Adopciones que deroga la anterior y adapta la normativa provincial a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial de la Nación.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca modernizar el proceso creando la Oficina de Adopciones y el Registro Único Provincial de Aspirantes con fines adoptivos.
La diputada María Andrea Aguilera destacó que la ley es un fuerte golpe a la discriminación:
«Se establece que ninguna persona podrá ser limitada en su inscripción o permanencia en el registro por motivos de orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, o cualquier otra condición, personal o social, que no afecte de manera directa y comprobada la actitud adoptiva. Se prohíbe el uso de estereotipos, prejuicios o de modelos de familia.»
Además, la nueva norma jerarquiza y regula los equipos interdisciplinarios de apoyo y vincula la legislación provincial con el resto del país, facilitando los procesos de adopción.
También se aprobó por unanimidad la ley que regula el sistema de Familias Solidarias en Chubut, con el objetivo de asegurar que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno familiar y comunitario, evitando su internación en institutos.
La diputada Sandra Willatowski explicó que el régimen es una alternativa transitoria al dispositivo institucional:
«Se considera familia solidaria a toda persona o grupo familiar que, de forma voluntaria y sin fines adoptivos, ofrece un entorno de contención y acompañamiento seguro y transitorio a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que estén bajo medidas de protección excepcional.»
Para la implementación de este nuevo sistema, el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias específicas.
Finalmente, la Legislatura aprobó una ley que establece la capacitación obligatoria, permanente y continua en prevención del suicidio y atención de urgencias en salud mental para el personal de los servicios de protección integral de derechos de la provincia, un paso crucial para fortalecer las herramientas de contención del Estado.
