La República Argentina y su petrolera de control estatal, YPF, enfrentan una instancia judicial crucial en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El país busca desesperadamente revertir o, al menos, reducir la histórica condena que lo obliga a pagar más de 16.000 millones de dólares (más intereses) en el litigio derivado de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.
La audiencia oral, programada en esta corte de segunda instancia, es un punto de inflexión para la economía argentina, ya que el monto de la sentencia —emitida originalmente por la jueza Loretta Preska— representa una cifra sideral para las finanzas nacionales.
Estrategia de Defensa Argentina
La estrategia de los abogados del Estado nacional se centra en dos frentes principales:
- Revertir la Sentencia Millonaria: Argumentar que la decisión de la jueza Preska fue «excesiva e injustificada» y que la expropiación se enmarcó dentro de las facultades soberanas del país.
- Impedir la Transferencia de Acciones: Además de la sentencia por daños, Argentina apela una orden previa que autoriza a los demandantes a intentar quedarse con acciones de YPF como forma de compensación. El país sostiene que la entrega de acciones de una empresa estratégica como YPF atenta contra su soberanía.
Aunque la audiencia es vital, no se espera una resolución inmediata. Los jueces del tribunal de apelaciones podrían tardar varios meses en emitir su veredicto, con estimaciones que sitúan la decisión en los primeros meses de 2026 o incluso más allá.
Mientras tanto, el fondo Burford Capital no solo presiona para que la sentencia se ejecute, sino que también ha sugerido públicamente que Argentina debería negociar, indicando que las controversias judiciales suelen resolverse por montos inferiores al fallo original.
