El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió iniciar un sumario contra el camarista de Esquel Claudio Petris, tras una grave denuncia presentada por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner. El magistrado está bajo sospecha por presunto enriquecimiento ilícito, fraude, delitos sexuales y diversas irregularidades patrimoniales. A pesar de la investigación, continuará en funciones mientras dure el proceso.
Petris, expresidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, renunció a esa entidad cuando su situación se hizo pública, hecho que —según el documento del Consejo— evidencia «la magnitud del conflicto institucional generado». La apertura del sumario se decidió en una sesión extraordinaria virtual, con la participación de las consejeras Lucía Pettinari, Giovana Taurelli, Paula Cardozo y Estefanía Alejo. La resolución fue unánime y la instrucción del expediente quedó a cargo de Mabel del Mármol, de Puerto Madryn.
La denuncia de Meiszner se basó en una investigación de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, que a su vez tomó datos de un informe periodístico sobre el magistrado. El relevamiento señala posibles maniobras como ocultamiento de bienes, inscripción de propiedades a nombre de familiares, uso de documentación de terceros para registrar vehículos de alta gama y vínculos con causas judiciales que podrían haber derivado en beneficios indebidos.
Entre los bienes que Petris no habría declarado figuran ocho inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, terrenos en Esquel, vehículos de lujo, embarcaciones y el uso de presuntos testaferros —incluyendo familiares y personas en situación vulnerable— para encubrir su patrimonio. Además, se le imputa haber registrado un Mini Cooper a nombre de una persona sin capacidad económica para adquirirlo.
La acusación también contempla delitos de índole sexual, fraude, prevaricato calificado y evasión impositiva. El fiscal incorporó a su presentación el testimonio de una supuesta víctima de los hechos de violencia sexual atribuidos al magistrado.
El informe del Consejo subraya que la investigación busca determinar si Petris mantiene la idoneidad técnica, profesional y moral necesaria para el cargo. «Que un juez provincial sea investigado penalmente afecta la base misma de la autoridad judicial y la confianza pública en el Poder Judicial», señala el dictamen, que advierte que el camarista deberá responder por su conducta en calidad de magistrado y no como un ciudadano común.
El cuerpo evaluará si el juez sigue siendo merecedor de la confianza depositada por la sociedad o si, por el contrario, la ha defraudado y debe dejar su cargo.
