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Editorial. Clientes o ciudadanos 12/05/2019

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La disyuntiva está planteada. Pagar la deuda de las cooperativas con fondos públicos o negarse y reclamar la condonación de la misma como ocurrió con otras entidades del país. Ambas posturas encuentran a Arcioni (pagar) y Linares (condonar) en el único tema serio que hasta el momento muestra la campaña electoral.

A cuatro domingos de definir cuál de los dos será el próximo gobernador, ocurre un hecho que no es menor y que se asienta en una paradoja. Los chubutense somos, al mismo tiempo, “ciudadanos y habitantes” –por un lado- para reclamar ante las autoridades nacionales ser objeto del mismo tratamiento que tuvieron las deudas de otras distribuidoras a quienes se les perdonaron sus deudas y, -por el otro- “clientes” que decidimos asociarnos para la obtención de un bien útil como es la prestación de los servicios de luz, agua y cloacas.

El número es importante

Más de 3600 millones de pesos que adeudan las entidades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn y Sarmiento, entre otras, a CAMMESA por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios a la energía y así alcanzar el deseado “déficit 0”.

Las quitas de estos aportes nacieron de la mano del gobierno de Cristina Fernández a cambio de que las entidades cooperativas no produjeran aumentos de tarifas. Claro está que esta “artificialidad” macroeconómica trajo aparejada una serie de desbalances para las cuentas públicas que, si se quiere, ensancharon y profundizaron el endemoniado déficit fiscal -por un lado-   y por el otro, posibilitó que en los barrios más paquetes de la capital federal, el costo “bimestral” de la factura de luz alcanzara la ridícula suma de $100. Al mismo tiempo, estranguló las finanzas de las cooperativas que no lograron hacerse de fondos para invertir en nuevas obras y así equiparar la calidad del servicio frente a los incrementos poblacionales que sufría, por ejemplo, esta ciudad.

Perdón para algunos, juicios y embargos para otros

Nada de esto era sostenible en el tiempo. Era obvio que la administración de Mauricio Macri debía tomar el toro por las astas y aplicar racionalidad allí donde no existía.

El problema es que esta “racionalidad” fue selectiva. Mientras que a las entidades cooperativas del interior argentino el retiro de los subsidios significó aumentos de más del 1400% en las facturas; para otros actores del mismo sector, el tratamiento fue absolutamente diferencial.

La estatización de la deuda de privados

En 2016, los distribuidores de energía de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, EDENOR, EDELAP Y EDESUR que surgieron luego del desguace de SEGBA cuando ésta fue privatizada por el ex Pte. Carlos Saúl Menem, y EPEC de la Provincia de Córdoba, contaron con la condonación de sus deudas por un monto cercano a los $19.000 millones.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó que se incluya en la ley de presupuesto de 2017, la condonación de una deuda por $19.000 millones (a niveles de octubre de 2016), que benefició a las mencionadas empresas dado que "es una restricción para avanzar con la tarifa social que, para nosotros, es una prioridad", sostuvo por aquel entonces el Titular de la Cartera de Interior.

La afirmación de Frigerio se refirió a las limitaciones impuestas para el acceso a los bloques de electricidad mayorista (que tienen precio más bajo) para que sean destinados a la tarifa social y a un plan para incentivar el ahorro.

En la medida que esas distribuidoras continuaran debiéndole a CAMMESA, la tarifa social no podría implementarse por la existencia de esos pasivos. Así argumentó la administración Macri el perdón de la deuda de estas empresas.

Discrecionalidad y Clientelismo

Mauricio Macri y su administración no dudo en beneficiar a quienes conformaron el núcleo duro de su basamento electoral. Capital Federal, Gran Buenos Aires y Córdoba quedaron bajo un paraguas en el que una vez más se estilizaron pasivos privados. Así, la deuda de la totalidad de capitalinos, bonaerenses y cordobeses fue pagada por todos argentinos, mientras que las entidades cooperativas del interior invisible de la Argentina luchan denodadamente para cumplir con sus obligaciones.

En esto de tratar de normalizar la situación, en Chubut -como dijimos- se observan dos planteos claramente diferentes.

El gobernador Arcioni busca cancelar los más de $ 3600 millones con bonos del consenso fiscal y el Fondo Fiduciario. El monto reunido por Chubut es algo más de $ 3100 millones. No alcanza, pero ayudaría mucho para parar la bronca.

Por su parte, Carlos Linares cuestiona la legitimidad de la deuda y su propuesta es negarse a pagar tamaña cantidad de dinero. “Chubut no solo no ha recibido un trato igualitario respecto a otras provincias sino además, con este pago que haría la provincia, buscan liberar la tarifa”, sostuvo el Intendente de Comodoro Rivadavia.

Es indudable que ambos candidatos priorizan naturalezas distintas. Mientras Arcioni busca salvar nuestra condición de “clientes” de las cooperativas y privilegia el sostenimiento de la prestación de servicios públicos en toda la provincia; Linares cuestiona la discrecionalidad nacional por “borrar” la deuda de las prestadoras privadas del centro del país y apuntar a las cooperativas chubutenses con juicio, embargos y la amenaza de cortar el servicio de forma paulatina.

Dos nuevas falacias. Mesa del diálogo y Nuevo Contrato Social

Es una obviedad destacar que después de 200 años, la Argentina continúa sustentando y proyectando su unitarismo decisional a través de los beneficios obtenidos por quienes habitan el centro del país o la misma pampa húmeda. Argentina es un país en donde las discrecionalidades unitarias de los centros más densamente poblados, casi siempre son financiadas por un federalismo provincial que consta en la Constitución Nacional pero como letra muerta.

Son innumerables los botones de muestra. A seis meses de la elección y, frente a la pérdida de apoyo popular, la Administración Central que encabeza Mauricio Macri buscó conformar una mesa de diálogo nacional con los principales referentes partidarios de la oposición. Luego de las críticas que recibió la iniciativa, la invitación también llego a los gobernadores de las provincias patagónicas. Tarde y sin sentido.

Lo llamativo del caso es que desde el otro lado de la “grieta”, se propone ahora revisar o crear un “nuevo contrato social de ciudadanos responsables” (tal lo expresado por la ex Presidente en su nueva aparición pública). Cuesta mucho comprender, por ejemplo ¿cómo fue posible tener gobernantes nacionales oriundos de la llamada “periferia de la patria”, es decir de acá, y que no hayan siquiera intentado modificar los términos de este intercambio tan desventajoso?

Los dos tienen sus razones, pero ninguno resulve el problema

Las propuestas de Arcioni y Linares serán debatidas en la Legislatura provincial. ¿En qué se diferencian? El Gobernador privilegia la continuidad en la prestación de los servicios públicos cooperativizados, es decir nuestra condición de “clientes”. Tras este objetivo, la propuesta oficialista paga un costo gigantesco: pagar deuda de terceros con fondos públicos. Si bien los dueños de las cooperativas somos todos, las mismas no dejan de perder su condición de empresas. Con su iniciativa, Arcioni pondera solucionar el problema ahora, a la brevedad. El escribano comodorense no quiere que en plena campaña electoral, le explote una crisis en el área de servicios públicos.

Linares, por su parte, tiene la mirada puesta en el mediano y largo plazo. El Intendente comodorense quiere discutir cara a cara con CAMMESA la deuda y el valor de las tarifas. Casi el 20% del capital accionario de esta empresa está en manos del Estado Nacional. Por lo tanto, la discusión es con Macri.

Pero al mismo tiempo es conocedor que sumarse al gobierno en el pago de deuda de terceros con fondos públicos, no solo le puede acarrear cuestionamientos de tipo legal.  Además, corre el riesgo que, a futuro, por dicho pago, la provincia o el Ente de Servicios Públicos Provincial, pueda autorizar aumentos de tarifas de forma unilateral o condicionar las autonomías municipales en donde descansa hoy dicha facultad.

Entre “parches” que fortalecen el unitarismo porteño y planteos de federalismos aislados; Chubut, transita un camino que, se estima, utiliza aproximadamente el 10% de la energía que genera y que es comercializada al centro del país. Mientras que esta ecuación no encuentre nuevos términos de intercambio, seguiremos refinanciando deudas.

Por Sergio Cavicchioli