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El Gobierno, empresarios y gremios pactaron bono de $ 5000 por fin de año 07/11/2018

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Saldrá por decreto y será obligatorio. Se pagará en dos tramos: $ 2500 este mes y $ 2500 en enero. Surgió de la reunión entre el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, la mesa chica cegetista y representantes de la UIA, CAME y otras cámaras.

Tal como adelantó El Cronista en su edición de hoy, los empresarios, sindicalistas y el Gobierno acordaron implementar un bono de fin de año de $ 5000, que será obligatorio y que los empleadores deberán pagar en dos veces, con los sueldos de noviembre y enero. La medida busca contener un eventual desborde paritario, con aumentos salariales que alcancen al 50%, y a la descomprimir la creciente conflictividad social. Como una primera reacción en ese objetivo, la CGT ya evalúa dejar sin efecto el llamado a un nuevo paro general para la última semana de noviembre.

La decisión del pago del suplemento extraordinario de fin de año quedará oficializada por decreto en las próximas horas, según garantizó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a los gremios y cámaras empresaria que se reunieron hoy al mediodía en la sede de la Federación de Sanidad, que conduce uno de los referentes de la dupla de
conducción cegetista, Héctor Daer. 

De acuerdo a lo pactado durante ese encuentro, el bono de fin de año será general y obligatorio para todos los empleadores, que lo abonarán a su personal en dos tramos con los salarios de noviembre y enero. El decreto habilitará algunas excepciones en la forma de pago del suplemento en aquellas empresas que atraviesen dificultades (que se abone en más de dos cuotas o sea considerado a cuenta de otros aumentos, por ejemplo), pero ello no exceptuará a las compañías de su pago. Además, se consensuó que será no remunerativo hasta un monto de $ 5000, pero en el caso de aquellos sectores que paguen a su personal un bono de mayor monto, deberán pagar las cargas sociales correspondientes por toda cifra que supere los $ 5000. 

Por otra parte, durante la reunión en la sede de Sanidad, que se extendió por más de dos horas, las partes acordaron que las empresas que pretendan recortar sus plantillas de trabajadores deberán poner encarar un proceso administrativo ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo previo a concretar despidos de trabajadores. La obligatoriedad de la instancia administrativa previa a consumar desvinculaciones de personal quedará establecida en el texto de una resolución que el Gobierno también prevé publicar en las próximas horas. El esquema apunta a descomprimir la creciente inquietud del sindicalismo por fijar algún mecanismo para frenar los despidos en el marco del escenario de recesión económica.

Fuente: El Cronista